La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se estará revisando el 1 de julio del presente año, representa uno de los momentos más relevantes para la economía nacional y, particularmente, para estados altamente vinculados al comercio internacional como Chihuahua. En este contexto, resulta legítima la preocupación expresada por la gobernadora respecto al rumbo que puedan tomar las negociaciones y las implicaciones que tendría un escenario de mayor incertidumbre para la entidad. Más allá de las diferencias políticas, existe un fundamento técnico y económico que explica por qué Chihuahua tiene tanto en juego en esta revisión.
Nuestro estado se ha consolidado como la plataforma de exportación e importación más importante del país. Gran parte de las mercancías que se comercializan entre México y Estados Unidos cruzan por territorio chihuahuense, convirtiéndolo en un punto estratégico para las cadenas de suministro de América del Norte. Esta posición ha permitido atraer inversiones, generar miles de empleos y fortalecer sectores como el manufacturero, automotriz, electrónico y de dispositivos médicos. Precisamente por ello, cualquier factor que genere incertidumbre sobre la continuidad o estabilidad del T-MEC tiene un impacto inmediato en las decisiones de inversión.
Es importante precisar que el principal riesgo no radica necesariamente en la aplicación de aranceles. De hecho, entre el 80 y el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen continúan exentas de estos gravámenes. El verdadero problema es la incertidumbre. Los inversionistas toman decisiones con base en reglas claras y certidumbre jurídica; cuando éstas desaparecen, los proyectos de expansión se detienen, las nuevas inversiones se posponen y el crecimiento económico pierde dinamismo. Nadie invierte grandes cantidades de capital en un entorno donde no existe claridad sobre las condiciones futuras del mercado.
Este contexto resulta todavía más delicado si se considera que la inversión extranjera directa representa apenas una fracción del total de la inversión que recibe el país. Aunque ha mostrado crecimiento en los últimos años, sigue siendo solamente alrededor del seis por ciento de la inversión total. Ello significa que cualquier desaceleración en la llegada de nuevos capitales o en la ampliación de proyectos existentes puede traducirse rápidamente en menor generación de empleos, reducción del crecimiento económico y pérdida de competitividad para regiones altamente exportadoras como Chihuahua.
A esta incertidumbre comercial se suman factores internos que diversos analistas nacionales e internacionales han señalado como elementos que afectan la confianza de los mercados. Las reformas al Poder Judicial, la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos, los cuestionamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como la percepción sobre el Estado de derecho, han contribuido a generar cautela entre inversionistas nacionales y extranjeros. Si bien estos temas pertenecen al ámbito político interno, sus efectos terminan reflejándose en las decisiones económicas.
En el plano bilateral, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa además un momento particularmente complejo. En las últimas semanas se ha intensificado la presión política del gobierno estadounidense por temas relacionados con seguridad, combate al narcotráfico y presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales. Estos asuntos han elevado la tensión diplomática y diversos especialistas consideran que podrían influir en la negociación comercial,utilizando al T-MEC como un instrumento adicional de presión política.
Las noticias conocidas este 30 de junio fortalecen esa preocupación. De acuerdo con información difundida por Reuters, la administración del presidente Donald Trump anunciaría que Estados Unidos no respaldará, por ahora, la extensión automática del T-MEC por otros dieciséis años. Esta decisión no implica la cancelación inmediata del tratado ni la salida automática de Estados Unidos del acuerdo, pero sí activaría el mecanismo previsto en la cláusula de revisión, iniciando un periodo de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036 si no se alcanza un consenso entre los tres países. Paralelamente, Washington busca endurecer las reglas de origen para la industria automotriz, limitar la participación de insumos provenientes de China y utilizar la negociación para obtener mayores concesiones económicas y estratégicas.
Para Chihuahua, este escenario obliga a mantener una postura de atención permanente. La fortaleza económica del estado depende, en buena medida, de la integración productiva con Estados Unidos. La estabilidad del T-MEC no sólo protege las exportaciones, sino que brinda la confianza necesaria para que nuevas empresas decidan instalarse, ampliar sus operaciones y generar empleos de calidad. Cualquier señal de incertidumbre puede modificar esos planes de inversión y afectar directamente el bienestar de miles de familias chihuahuenses.
Por ello, la preocupación expresada sobre el futuro del T-MEC trasciende el ámbito político y encuentra sustento en la realidad económica que enfrenta el estado. Defender condiciones de certidumbre para la inversión, fortalecer el Estado de derecho y preservar la competitividad de Chihuahua debe ser una prioridad en un momento en que la principal región comercial de América del Norte enfrenta uno de sus procesos de revisión más importantes desde la entrada en vigor del tratado.
Lamentablemente la política pública que ha adoptado el país en todos los rubros por parte de los gobiernos del régimen morenista, son la principal causa de la incertidumbre que hoy empantana la negociación del T-MEC, si el ámbito económico se colapsa en los próximos años, incluso meses, no será más que culpa de un puñado de comunistas resentidos, sin conocimientos, que además sostienen una ideología destructiva que da cero resultados.
Carmen Rocio González
