Las finanzas públicas de México viven un momento de enorme tensión. Mientras el Gobierno Federal enfrenta un escenario de menor crecimiento económico, mayores compromisos financieros y una presión constante sobre el gasto público, la primera consecuencia comienza a sentirse lejos de la capital del país: en los estados y municipios, donde cada peso que deja de llegar significa menos capacidad para atender las necesidades más inmediatas de la población.
Los recortes presupuestales no son un asunto técnico reservado para especialistas en finanzas públicas. Son decisiones que terminan reflejándose en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Cuando disminuyen las participaciones o las aportaciones federales, los gobiernos locales tienen menos margen para invertir en seguridad pública, mantenimiento de carreteras, infraestructura hidráulica, pavimentación, alumbrado, salud preventiva, cultura o apoyo al campo.
La realidad es sencilla: los estados y municipios tienen cada vez más responsabilidades, pero no cuentan con mayores recursos para cumplirlas.
Durante los últimos años, la Federación ha concentrado una proporción creciente del gasto público mientras diversos fondos y programas que fortalecían las capacidades locales fueron eliminados o reducidos. El resultado ha sido una mayor dependencia financiera y una disminución de la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y municipales.
Para entidades exportadoras como Chihuahua, el reto adquiere una dimensión adicional. Nuestra economía depende del dinamismo industrial y de la relación comercial con Estados Unidos. Cuando la economía nacional se desacelera o disminuye la recaudación federal, inevitablemente se reducen los recursos que llegan a las entidades.
Los municipios enfrentan una situación todavía más compleja. Muchos dependen mayoritariamente de las transferencias federales para financiar servicios básicos. Cuando los recursos disminuyen, se posponen obras, se limita el mantenimiento urbano y se reducen las posibilidades de atender con eficacia los problemas de seguridad, agua potable o infraestructura.
México necesita abrir una discusión seria sobre la actualización del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Después de más de cuatro décadas, las condiciones económicas y productivas del país han cambiado profundamente. El federalismo debe traducirse en una distribución más equitativa de los recursos y en mayores capacidades para los gobiernos locales.
Las finanzas públicas deben ser un instrumento para impulsar el desarrollo y no para profundizar las desigualdades regionales. La estabilidad nacional comienza con estados y municipios fuertes, financieramente sólidos y con capacidad para responder a las necesidades de la población. Debilitar sus finanzas significa debilitar la capacidad del Estado mexicano para generar bienestar, seguridad y oportunidades para todos.
