Pedro Torres Estrada

En Chihuahua estamos presenciando una peligrosa deformación de la relación entre poderes. El Congreso debería funcionar como contrapeso del Ejecutivo, vigilarlo y exigirle cuentas. Sin embargo, la mayoría panista, acompañada reiteradamente por diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, parece haber decidido desempeñar otro papel: convertir en ley los deseos de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

No hablamos de asuntos menores. Hablamos de reformas que, en conjunto, van retirando controles al ejercicio del poder y ampliando los márgenes de discrecionalidad de quien ocupa Palacio de Gobierno.

Uno de los ejemplos más claros es ampliar hasta 21 días el periodo durante el cual la gobernadora puede ausentarse sin necesidad de solicitar autorización, con menores controles sobre las razones, objetivos y resultados de esas ausencias. El problema no es solamente cuántos días puede viajar una gobernadora, sino el principio que se está modificando: mientras menos obligación exista de explicar dónde está, para qué salió y qué beneficios obtuvo Chihuahua, menor será la rendición de cuentas.

Y tratándose de María Eugenia Campos el asunto adquiere especial relevancia. No estamos ante una administración ajena a la controversia pública, sino ante una gobernadora que a lo largo de su trayectoria ha enfrentado diversos señalamientos y cuestionamientos políticos y judiciales. Precisamente por eso, los controles institucionales deberían fortalecerse, no debilitarse.

Pero ocurre exactamente lo contrario.

Otro ejemplo es la pretensión de ampliar las facultades del Ejecutivo para disponer de bienes propiedad del Estado, permitiendo su enajenación, venta o donación sin pasar necesariamente por la autorización del Congreso. ¿Desde cuándo resulta excesivo exigir que el patrimonio de los chihuahuenses sea protegido por mecanismos de revisión legislativa?

Los bienes públicos no pertenecen a la gobernadora ni al partido que temporalmente gobierna. Son patrimonio de Chihuahua. El Congreso no debería renunciar voluntariamente a su responsabilidad de vigilarlos.

A ello se agregan modificaciones relacionadas con las ausencias de la titular del Ejecutivo y las posibilidades para determinar quién ejerce temporalmente determinadas funciones. La Constitución vigente ya establece mecanismos específicos para suplir las faltas temporales o absolutas de quien gobierna. Cada reforma que flexibiliza esos controles debe analizarse preguntando no qué resulta más cómodo para la gobernadora, sino qué garantiza mejor la estabilidad institucional y la rendición de cuentas.

El problema de fondo es todavía mayor: se está construyendo un traje jurídico a la medida de una persona que, a decir de muchos chihuahuenses, no es confiable.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano deben explicar hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque modificar las leyes para facilitar el ejercicio discrecional del poder tiene consecuencias que van mucho más allá del actual gobierno. Las normas permanecen cuando las personas se van.

Resulta además contradictorio escuchar discursos sobre división de poderes mientras desde el propio Legislativo se renuncia a ejercer facultades de control. La gobernadora acudió al inicio de esta Legislatura hablando de colaboración entre poderes. Colaborar no significa obedecer. Dialogar no significa someterse. Y construir acuerdos jamás debería significar entregar un cheque en blanco al Ejecutivo.

Un Congreso digno con diputados que verdaderamente quieran cumplir el encargo que les confirió el pueblo debe incomodar al poder cuando sea necesario. Debe preguntar, revisar, autorizar, rechazar y exigir cuentas. Para eso existe.

Porque cuando una mayoría legislativa comienza a retirar uno por uno los candados que limitan al Ejecutivo, la pregunta inevitable es: ¿qué quieren hacer mañana que los controles de hoy todavía les impiden hacer?

Chihuahua necesita instituciones fuertes, no leyes a modo; contrapesos, no diputados que se asuman como empleados legislativos de Palacio.

Los legisladores que hoy le cumplen todos sus caprichos a la gobernadora Maru Campos necesitan recordar algo elemental: el patrimonio público, las instituciones y las leyes son de los chihuahuenses. No son propiedad de la gobernadora ni de los integrantes del Congreso.

Cuando una gobernadora se asume como monarca o señora feudal, el Congreso deja de ser contrapeso para convertirse en corte. Y eso es precisamente lo preocupante de lo que está ocurriendo en Chihuahua: la mayoría panista, con el acompañamiento de diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, ha venido modificando las reglas para ampliar los márgenes de actuación de María Eugenia Campos Galván y reducir los controles sobre el Poder Ejecutivo.

No son cambios aislados. Vistos en conjunto dibujan una ruta peligrosa: más facultades para la gobernadora y menos rendición de cuentas.

Las leyes deben proteger a Chihuahua de los excesos del poder, no proteger al poder de la obligación de rendir cuentas.