Por Rafa Loera

(Segunda Parte)

En esta segunda edición le pido que tenga a bien considerar las advertencias planteadas en la primera parte, con una adicional: la recomendación era no exceder página y media, y este texto me está llevando prácticamente a tres. Pero creo que la coyuntura lo amerita. Tenga en cuenta, además, que originalmente esto estaba pensado para desarrollarse en tres partes, así que disculpará usted lo extenso del texto. Sin más preámbulo, entremos en materia.

Cuando comencé a escribir esta editorial, créame, no tenía idea de que la segunda parte terminaría escribiéndose prácticamente sola. Hoy no es más que un registro documental de algo que muchos ya conocemos: lo que parece un intento de dedazo en Chihuahua.

En la editorial pasada hablábamos de cómo las decisiones de Acción Nacional llevaron a que, hasta el día de hoy, como partido no hayamos podido volver a ser una opción verdaderamente competitiva en Jalisco. Las malas decisiones de su entonces gobernador y de quienes condujeron aquel proceso terminaron por pasarle factura al PAN durante años.

Y hoy, en Chihuahua, la pregunta no es únicamente quién terminará siendo candidato. Las preguntas son cómo se llegará a esa candidatura. ¿Será producto de una competencia auténtica, con reglas conocidas, condiciones equitativas y participación real? ¿O, cuando llegue el momento formal de elegir, los militantes descubrirán que la decisión política ya había sido tomada?

La historia de Acción Nacional vuelve particularmente incómoda esas preguntas.

Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, escribió en 1943 una crítica feroz contra los procesos electorales en los que la decisión verdadera ocurría antes de que los ciudadanos pudieran participar. Este texto conserva una actualidad sorprendente: hablaba de procesos donde no existía “ni una postulación auténtica, ni una elección auténtica, sino la común designación ‘de dedo’”. Y no escribió aquello como una ocurrencia retórica.

Era una definición política.

Para Gómez Morín, el problema empezaba precisamente cuando alguien podía decidir de antemano quién habría de ser candidato y convertir todo lo demás en un simple procedimiento. En ese mismo texto describía un sistema en el que primero se resolvía quién sería candidato y después venían las formas democráticas. Eso es exactamente lo que cualquier partido democrático debe evitar, incluso en apariencia.

El PAN nació, entre otras razones, para combatir una forma de hacer política en la que las decisiones descendían desde el poder y los ciudadanos eran llamados después a ratificarlas.

Por eso resulta inevitable contrastar aquellas ideas con lo ocurrido durante las últimas semanas en Chihuahua.

El pasado 27 de julio, la propia gobernadora Maru Campos aseguró públicamente que no intervendría en la selección del candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua. Su expresión fue incluso más contundente: intervenir, dijo, sería “el beso del diablo” para cualquier aspirante.

Menos de tres semanas después, una imagen política recorre Chihuahua: la gobernadora levantando la mano de Santiago de la Peña, mientras señala que lo que viene con Santiago y Marco será algo que ella acompañará. Incluso, en otros videos, aparece Gilberto Loya expresando: “Santiago de la Peña, que va por la presidencia municipal”.

¿Eso constituye jurídicamente una designación? No.

¿Tiene un significado político? Sería ingenuo sostener que no.

Quienes defienden este tipo de encuentros pueden argumentar, legítimamente, que se trata de construir unidad, reunir liderazgos y mostrar fortaleza rumbo a 2027. La propia gobernadora habló este domingo de caminar juntos, privilegiar coincidencias y mantener unido al partido.

Pero unidad y unanimidad fabricada no son lo mismo.

La unidad democrática ocurre después de competir limpiamente, cuando quienes participaron reconocen una decisión legítima. Una unidad construida antes de la competencia, alrededor del poder y de señales provenientes del gobierno, corre el riesgo de convertirse en otra cosa: alineamiento.

Y Acción Nacional conoce perfectamente la diferencia.

Gómez Morín advirtió contra permitir que “un hombre o un grupo” resolviera por la colectividad. Su planteamiento fundamental era que la responsabilidad política correspondía a los ciudadanos y que sus convicciones debían hacerse valer realmente.

Esto no es una discusión contra Santiago de la Peña. Él tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro aspirante a buscar la candidatura, presentar sus méritos, recorrer Chihuahua, convencer a la militancia y competir.

El debate tampoco debería resolverse atacando personalmente a Maru Campos.

El cuestionamiento es institucional y mucho más profundo: si la gobernadora aseguró que no intervendría, ¿por qué realizar ahora un gesto que razonablemente puede ser interpretado como respaldo político a uno de los aspirantes?

Y, sobre todo: ¿podremos competir los demás aspirantes en igualdad de condiciones después de una señal de esa naturaleza?

Ésa es la discusión que vale la pena tener. Porque el problema del dedazo nunca ha sido únicamente el dedo. El verdadero problema aparece cuando los demás empiezan a comportarse como si la decisión ya estuviera tomada. Cuando quien trabaja en una dependencia cree entender hacia dónde debe alinearse. Cuando los liderazgos comienzan a acomodarse. Cuando la estructura interpreta señales. Cuando la competencia permanece escrita en los estatutos, pero la política real empieza a caminar por otro lado. Pareciera que el mecanismo es: decidir primero y preguntar después.

Esto nos lleva a un riesgo que puede avanzar como la gangrena y es que los partidos no pierden su identidad de un día para otro. La pierden poco a poco. La pierden cuando justifican internamente aquello que condenan externamente. La pierden cuando el poder sustituye al procedimiento. La pierden cuando competir se convierte en un trámite. Y la pierden definitivamente cuando el militante descubre que le pidieron participar en una decisión que alguien más ya había tomado.

Todavía hay tiempo para despejar cualquier duda. Que existan reglas claras. Que exista piso parejo. Que cada aspirante pueda competir.

Que ningún cargo público, estructura gubernamental o señal desde el poder sustituya la voluntad que, conforme a las reglas, corresponda expresar a los panistas y simpatizantes.

Y que, cuando finalmente exista candidato, nadie pueda decir que fue producto de una mano levantada previamente. Porque, casi nueve décadas después de su fundación, Acción Nacional sigue enfrentando, en esencia, la misma disyuntiva.

Porque de esto depende mucho más que una candidatura.

Depende de saber si los principios que alguna vez distinguieron al PAN siguen siendo convicciones…

o solamente citas de su fundador.