Muy lamentable que programas tan positivos, que ni siquiera son del Gobierno de México sino que provienen de organizaciones internacionales y de protocolos como el de Kioto, al que nuestro país está adherido, se estén perdiendo por la falta de acción de las autoridades mexicanas en materia agraria, forestal y de seguridad. Una vez más, gobiernos que desmantelan programas terminan provocando que la ayuda y la inversión extranjera se ahuyenten.

Resulta que el ejido Redondeados, del municipio serrano de Guadalupe y Calvo, tiene uno de los grandes bosques de la región y fue de los pocos ejidos del país que se tomaron en serio este esquema. Invirtieron casi cinco millones de pesos en un proyecto para ser certificados ante la Reserva Climática de California.

Después de un tortuoso proceso burocrático, en el que participan dependencias federales e instituciones internacionales para acreditar que el bosque es un enorme pulmón capaz de absorber miles de toneladas de dióxido de carbono, el ejido obtuvo la certificación para emitir y vender bonos de carbono en el mercado global.

Es un círculo virtuoso: empresas que generan emisiones compran estos bonos para compensar parte de su impacto, mientras los recursos llegan a los propietarios de los bosques para mantener la conservación, reforestación y cuidado del medio ambiente. Ejidos como este podían recibir anualmente casi dos millones de dólares para beneficio de sus comunidades.

Pero aquí viene el maldito pero: los contratos establecen que, si existe deforestación ilegal o afectaciones provocadas por el crimen organizado, los bonos pueden perder su certificación y dejar de comercializarse.

Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. La delincuencia organizada se ha apoderado de regiones forestales, impone cuotas por el tráfico de madera y permite una deforestación rapaz que termina teniendo consecuencias no solamente nacionales, sino también internacionales.

Por ello, se ha anunciado la cancelación de la compra de estos bonos y quienes terminan pagando las consecuencias son los propios ejidatarios, que pierden una fuente millonaria de recursos para conservar sus bosques.

Así que ahí está la paradoja: los ejidatarios hacen las cosas bien, invierten, se certifican y protegen sus bosques, mientras las autoridades responsables de garantizar la seguridad y combatir la deforestación simplemente no responden. Otra vez, tan lejos de Dios y tan cerquita… del gobierno.

En La Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.