Esta semana, marcada por una intensa actividad política, cierra en Chihuahua con la concentración de panistas y simpatizantes en el Centro de Exposiciones. No quisieron arriesgarse a que la lluvia les arruinara el evento y optaron por un recinto cerrado. Ahí fueron convocados seguidores de la gobernadora Maru Campos, militantes del PAN, aliados y ciudadanos sin partido que han mostrado respaldo a la mandataria estatal.

El encuentro ha generado gran expectativa, sobre todo porque se espera la presencia de la plana mayor del PAN nacional en señal de apoyo político.

Y es que el nombre de María Eugenia Campos Galván se escuchó esta semana en prácticamente todo el país. Durante cinco semanas consecutivas, el llamado “Caso Chihuahua” ha ocupado espacios en medios nacionales e incluso en el propio Gobierno de México. Por más de 15 días, el nombre de Maru Campos ha sido mencionado miles de veces, al igual que el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, para buena parte de la ciudadanía apartidista existe una diferencia abismal en la percepción pública: una señalada por confrontar al crimen organizado y el otro, acusado por amplios sectores de mantener cercanía o permisividad con grupos criminales. Para las agencias de medición y encuestadoras, este escenario representa un auténtico laboratorio político sobre positivos, negativos y percepción ciudadana, cuyos resultados seguramente se conocerán muy pronto.
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Esto no se acaba hasta que se acaba. Quienes dieron por políticamente muerto rumbo al 2027 a César Jáuregui Moreno quizá se adelantaron demasiado.

De acuerdo con algunos juristas que han seguido de cerca el caso del exfiscal, difícilmente podrían acreditarse jurídica y legalmente las acusaciones relacionadas con el famoso caso del narcolaboratorio en Morelos, particularmente los señalamientos de traición a la patria y violación a la Ley de Seguridad Nacional. Según especialistas, gran parte del impacto del tema ha quedado más en el terreno mediático que en el estrictamente legal.

Por ello, César Jáuregui no tendría impedimento jurídico para mantenerse vigente en su proyecto político. Seguramente su equipo ya mide el impacto positivo o negativo que tendría un eventual resurgimiento como actor político y como figura de persecución frontal contra los grupos criminales desde la Fiscalía.

Paradójicamente, las mismas acciones contra el narcotráfico en la sierra de Chihuahua que hoy lo colocan en el centro de la polémica podrían también generarle respaldo en sectores importantes de la población. Así que sí… esto no se acaba hasta que realmente se acaba.
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Parece que sí hay consecuencias de aventarse “al chilazo”.

¿Y la denuncia de juicio político? Esa es la pregunta que se hacen diputados federales y senadores que, hasta ahora, no han podido obtener el famoso documento presentado por legisladores locales ante la Cámara de Diputados.

Luego de que el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, junto con otros legisladores, interpusiera la denuncia, varios actores políticos han intentado acceder al expediente… pero simplemente no aparece.

La versión oficial es que, al tratarse de un procedimiento de carácter judicial y al no haberse instalado todavía la Comisión de Examen Previo, el documento permanece “reservado” y por ello no ha circulado públicamente.

Sin embargo, tampoco los propios legisladores de Morena han mostrado el contenido para precisar cuáles fueron exactamente las conductas que, según ellos, configurarían traición a la patria. Y eso es precisamente lo que mucha gente quiere conocer: si realmente existe sustento jurídico serio detrás del juicio político o si únicamente se trata de un petardo mediático y político.