México no es el mismo país de la década de los ochenta. La sociedad cambió, las instituciones evolucionaron y los partidos dejaron de representar con claridad las identidades políticas que entonces los distinguían. El PRI era el partido gobernante; el PAN encabezaba una oposición que exigía elecciones auténticas, y la izquierda buscaba abrirse espacio frente a un sistema político cerrado.
Aquel régimen tenía controles corporativos y una Presidencia con amplias facultades. Negarlo sería tan absurdo como pretender que cuarenta años después seguimos viviendo exactamente en el mismo país. Por eso resulta preocupante que algunos dirigentes del PAN permanezcan anclados en la memoria del llamado verano de 1986 en Chihuahua, como si repetir sus discursos, símbolos y episodios fuera suficiente para interpretar la realidad actual. Aquella movilización fue importante en la lucha por la apertura electoral y contribuyó a impulsar transformaciones democráticas. Pero convertirla en un recurso permanente revela incapacidad para comprender el presente.
La historia debe reconocerse, no utilizarse como refugio ante la ausencia de propuestas. Lo que hoy vive México no es una reproducción de 1986. Es algo distinto y más peligroso. En aquellos años se enfrentaba a un partido hegemónico y a un gobierno que controlaba buena parte de la vida pública. Hoy enfrentamos un proyecto que, después de haber llegado mediante elecciones, utiliza su mayoría para concentrar el poder, debilitar los contrapesos, someter instituciones, que intenta convertir en partido único y construir una narrativa en la que quien discrepa es considerado enemigo del pueblo. El autoritarismo actual no necesita cancelar formalmente las elecciones. Le basta con reducir la independencia de los poderes, colonizar organismos públicos, utilizar los programas sociales con propósitos políticos, desacreditar a la prensa y hacer de la Constitución un instrumento subordinado a la voluntad de la mayoría gobernante.
A ese proceso se suma una amenaza que no tenía la dimensión actual: la expansión del crimen organizado sobre territorios, actividades económicas, elecciones y gobiernos. El problema no puede reducirse a decir que existen delincuentes enfrentando al Estado. En distintas regiones, las organizaciones criminales intimidan candidatos, condicionan campañas, intervienen en decisiones públicas y buscan capturar autoridades municipales.
Cuando un gobierno tolera esos procesos, minimiza sus alcances, protege políticamente a personajes cuestionados o renuncia a recuperar los territorios sometidos, deja de ser solamente un gobierno incompetente. Se convierte en parte de un régimen que permite la convivencia entre poder político y poder criminal.
Frente a ello, la oposición tampoco puede limitarse a recitar viejas hazañas. El PAN se equivoca cuando cree que la legitimidad obtenida en las luchas de los ochenta le concede autoridad permanente. También debe explicar sus errores de gobierno, su alejamiento ciudadano y su incapacidad para construir una alternativa nacional moderna.
La respuesta no está en regresar al PRI de los ochenta ni al PAN del verano de 1986. Mucho menos en aceptar el autoritarismo de Morena y la creciente penetración criminal en la vida pública.México necesita una oposición que entienda su tiempo, reconozca sus errores y defienda la democracia con propuestas actuales. Ni la nostalgia sustituye al futuro ni una mayoría electoral autoriza la destrucción de la República. El pasado merece memoria. El presente exige carácter. Y el futuro demanda una alternativa capaz de enfrentar, sin simulaciones, tanto al autoritarismo como al crimen organizado.
Alex Domínguez
