¡La política es la ciencia del carajo! Todos los gobiernos la manipulan y hacen a su antojo, necesidad y conveniencia. ¿Recuerdan el caso Ayotzinapa? ¿Aquel trágico suceso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas? Ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue una de las banderas políticas tomadas por López Obrador para cuestionar al gobierno priista de Peña.
En aquel entonces, después del escándalo y el manoseo político que le hicieron al caso, el gobierno, a través de la PGR en manos de Jesús Murillo Karam —entonces procurador general de la República—, informó de la «verdad histórica» del caso; entre otros temas centrales, dijo que no existió participación del Ejército en los hechos.
Dieron a entender que de la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes, en todo caso, fueron responsables los gobiernos municipales y estatales, pero no los militares, y que la línea de investigación era para señalar al cártel de los Guerreros Unidos, que habían confundido a los estudiantes con grupos rivales.
Después, las investigaciones concluyeron que se trató de un crimen de Estado, con participación activa u omisión de policías municipales, estatales, agentes federales y miembros del Ejército Mexicano. Se descubrió que la «verdad histórica» fue fabricada alterando escenas del crimen y obteniendo confesiones bajo tortura, lo que llevó a la detención de altos funcionarios involucrados en el encubrimiento.
Todo esto fue usado políticamente por la oposición al gobierno priista de Peña Nieto. Encabezada por López Obrador, señaló al gobierno diciendo que encubrían a mandos del Ejército y que «con esa verdad» lavaban la cara de la institución, y en campaña se comprometió a descubrir la verdad.
Durante su gobierno transcurrieron los seis años y nunca hubo esa “verdad verdadera” de los hechos; en cambio, se comprometió a más no poder con el Ejército, a quien dio todo el poder y dinero. Y hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, genuflexa al sistema, determinó que, en efecto, miembros del Ejército nada tuvieron que ver en los hechos.
La Comisión de Derechos Humanos, en manos de quien, en aquel entonces, durante el gobierno de Peña, lapidó al gobierno señalando la injusticia y la violación a los derechos de los padres de las víctimas de Ayotzinapa, ahora, en sus manos, resuelve con base a una carta escrita por López Obrador en septiembre del 2024. Casi como una copia, emite la determinación de que ningún miembro del Ejército tuvo que ver en los hechos.
Los justicieros del pasado terminan siendo los verdugos de hoy; los que antes lapidaron al gobierno, hoy, esos mismos montados en el poder, terminaron lapidando los derechos humanos de las víctimas y sus deudos.
