La lucha política rumbo al 2027 arrancó prácticamente once meses antes de lo previsto. Y esto apenas comienza. El tiro será largo, intenso y lleno de repercusiones. Todavía falta mucho por suceder, especialmente ahora que tomó fuerza la posibilidad —como lo dejó entrever la propia gobernadora Maru Campos— de impulsar un juicio político en medio de una confrontación abierta con Morena.

Esto obligará irremediablemente al PAN nacional a movilizarse y cerrar filas. En Chihuahua ya comenzó a construirse la narrativa de que “es ahora o nunca” para defender políticamente al estado y enfrentar el avance de la 4T.

En todo este escenario será clave observar la postura que asuman el PRI, Movimiento Ciudadano, el PT y el Partido Verde en Chihuahua, porque la gobernadora decidió entrar de lleno al combate político, sin medias tintas y sin guardar las formas.

Maru se puso en modo Adelita y lanzó dardos directos contra Ariadna Montiel y Andrea Chávez, asegurando que también deberían ser investigadas e incluso entregadas a Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Una declaración de ese tamaño difícilmente surge sólo como ocurrencia; necesariamente debe estar respaldada por información, inteligencia política o datos que en algún momento podrían salir a la luz.

Pero la gobernadora no dejó títere con cabeza. También mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, así como a legisladores y otros gobernadores vinculados a Morena.

La ofensiva política de Chihuahua contra la 4T tiene además un ingrediente que vuelve todo mucho más delicado: la presión creciente de Estados Unidos sobre los llamados “narcopolíticos” mexicanos. Y no descarte usted que muy pronto aparezcan nuevas listas de personajes señalados, cancelaciones de visas y medidas financieras, lo que normalmente representa la antesala de escándalos todavía mayores.

La decisión de Campos Galván de aventarse con todo, romper las formas y quitarse la máscara política tradicional es una apuesta altísima. Y no sólo tendrá costos políticos; también podría generar consecuencias institucionales, económicas y sociales para el estado. Por eso dentro del gobierno estatal seguramente ya se preparan para resistir la embestida que se viene. Los tambores de guerra ya sonaron… y sonaron fuerte.

Ahora habrá que observar con atención las reacciones de Ariadna Montiel y Andrea Chávez, luego de las acusaciones directas recibidas desde Chihuahua. Porque después de un señalamiento de ese nivel, la confrontación difícilmente podrá bajar de tono.

La postura de Maru Campos necesariamente tendría que estar respaldada por información sólida que eventualmente podría hacerse pública y convertirse en un auténtico guamazo político de impacto nacional. Mientras tanto, el reto inmediato será resistir la presión y comunicar con claridad a los chihuahuenses qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de esta confrontación.

Y por si faltara más gasolina al incendio político, este día la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico cuentan con fichas rojas de la Interpol.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria fue cuestionada sobre si alguno de los señalados había abandonado el país. Su respuesta fue contundente: debido a las fichas rojas, cualquiera de ellos podría ser detenido en caso de salir de México.

Y entonces surge otra pregunta inevitable: ¿la Interpol emitiría fichas rojas “nomás porque sí”? ¿No implica eso que existe información, expedientes o elementos que forman parte del material probatorio que se está integrando internacionalmente?

En fin… la grilla apenas empieza.

En la Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.