La reforma a la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), presentada por la presidente Sheinbaum, mediante la cual, pretendeestablecer mecanismos eficaces de coordinación e intercambio de información entre el INE, partidos políticos e instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, para garantizar que los partidos políticos cuenten con la información relativa a la integridad de los perfiles de los aspirantes a acceder a un cargo de elección popular; pretendiendo incentivar a los partidos políticos a realizar procesos internos más “rigurosos”.

Sin embargo, hay que decirlo con claridad: esta reforma, lejos de fortalecer la democracia, corre el riesgo de debilitarla profundamente. Se nos presenta como una iniciativa para “garantizar la integridad” de las candidaturas. Suena bien, suena como “hacer lo correcto”, pero cuando se revisa el contenido de la iniciativa, se encuentra un mecanismo débil, discrecional, opaco y peligrosamente ineficaz.

Crea una Comisión de verificación, pero los resultados de esta no son vinculantes, solo se advierte más burocracia, más gasto, lo que significa que después de todo el análisis, la intervención de las instancias de seguridad, inteligencia y finanzas, se pueden ignorar a conveniencia los hallazgos.

La reforma descansa en algo profundamente ingenuo o deliberadamente peligroso: la “buena voluntad” de los actores políticos que tienen el control de las instituciones partidarias, dando lugar a corrupción absoluta y la plena infiltración del crimen organizado, como ejemplo tenemos al partido Morena, desde sus cúpulas han operado acuerdos con el crimen organizado, mismos que hoy tienen en jaque a todo su movimiento. 

La democracia no se construye con buenas intenciones. Se construye con reglas claras, obligatorias y certeza jurídica. Está propuesta dereforma presenta gran ambigüedad, habla de “evaluación de riesgo”, pero no define qué es ese riesgo, cómo se mide, ni bajo qué criterios se determina, esto abre la puerta a algo sumamente grave: la discrecionalidad institucional. Donde no hay definiciones, hay margen para la arbitrariedad y un posible riesgo político que se cantara desde las mañaneras.

Presenta también un alto grado de opacidad, ya que los resultados de estas evaluaciones no serán públicos, le ocultaran al “pueblo” la información de quienes pretenden representarlos. En resumen, es una reforma que carece de transparencia, lo que sin duda menoscaba la confianza pública. 

La reforma no plantea sanciones, se ignoran los resultados, ni siquiera se establece con claridad que los hallazgos deban derivar en acciones legales, lo que si existe es una sobrecarga institucional.

La democracia no se defiende con discursos, se defiende con instituciones fuertes, reglas claras y transparencia total. Y esta reforma, hoy por hoy: no obliga, no sanciona, no transparenta, no define, no garantiza nada. Para que la reforma estuviera medianamente completa requeriría establecercontroles obligatorios claros, transparencia, sanciones firmes y cero tolerancia a la simulación.

La reforma institucionaliza la simulación y la cancelación desde el poder de candidaturas que le sony le serán incomodas al régimen. Porque la finalidadreal del gobierno federal es tener mayor poder y control de los procesos electorales futuros. En México la integridad no puede ser opcional y mucho menos palomeada desde el poder mañanero. Por ello, mi voto y el de los diputados de Acción nacional, fue en contra.