El citatorio a la gobernadora de Chihuahua para comparecer ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo abre un debate que trasciende lo estrictamente penal. El caso coloca en tensión dos planos distintos, inevitablemente conectados: la legalidad del acto ministerial y el uso político de la justicia en tiempos de polarización.
La actuación de la FGR es jurídicamente válida. En el sistema penal mexicano, cualquier persona que pueda aportar información relevante para una investigación puede ser llamada a declarar en calidad de testigo. El cargo público no genera inmunidad frente a una diligencia ministerial de esta naturaleza.Mientras exista una carpeta de investigación abierta y la autoridad funde y motive la necesidad de la comparecencia, citarla se encuentra dentro de las facultades legales del Ministerio Público.
Pero la discusión real no está en la existencia de la facultad, sino en la manera en que ésta se ejerce. En un Estado democrático, la legalidad no basta por sí sola para garantizar legitimidad política. También importa el contexto, la proporcionalidad y la consistencia institucional. Y es precisamente ahí donde aparece la sospecha de persecución. Cuando la acción de la Fiscalía se da en marco de una disputa política, sobre el hecho de la destrucción de un narcolaboratorio, la percepción pública inevitablemente se contamina. Más aún en un país donde la autonomía de las fiscalías sigue siendo cuestionada y donde el uso selectivo de investigaciones contra actores opositores es una forma de actuar permanente del régimen, cobra relevancia el citatorio.
La narrativa oficial sostendrá que nadie está por encima de la ley y que la soberanía del Estado mexicano exige que cualquier autoridad coopere con investigaciones federales. Bajo esa lógica, citar a una gobernadora no representa persecución, sino la aplicación imparcial de la ley. El mensaje es claro: el poder político no debe convertirse en blindaje jurídico.
Sin embargo, la lectura real es otra muy claro, el aparato de procuración de justicia está siendo utilizado para presionar, exhibir o debilitar políticamente a gobiernos no alineados con el poder Federal. La percepción se fortalece cuando existen filtraciones mediáticas, declaraciones políticas paralelas o un evidente interés por instalar el tema en la agenda pública antes que en los tribunales.
El reto para la FGR no es únicamente demostrar que puede citar legalmente a una gobernadora, sino convencer a la ciudadanía de que actúa con el mismo rigor frente a aliados y adversarios. La imparcialidad no sólo debe existir: debe parecer evidente.
Porque en democracias polarizadas, la frontera entre justicia y persecución rara vez se define únicamente en los códigos. Se define, sobre todo, en la confianza pública.
ALEX DOMINGUEZ
