La democracia no empieza el día de la elección. Empieza mucho antes, cuando todos los actores políticos aceptan competir bajo las mismas reglas. Por eso la ley establece tiempos precisos para las campañas y prohíbe que alguien obtenga ventajas indebidas antes de que inicie formalmente la contienda.
Sin embargo, hoy Chihuahua presencia una realidad que merece una explicación. Decenas de espectaculares con la imagen de distintos servidores públicos y actores políticos han aparecido en las principales vialidades del estado. No es un espectacular aislado. Es una estrategia de posicionamiento que, por su magnitud, plantea preguntas que las instituciones no pueden ignorar.
La principal es muy sencilla: ¿quién está pagando esa publicidad? No hablamos de anuncios modestos. La renta de espectaculares, pantallas digitales, impresión, instalación y permanencia durante semanas representa inversiones importantes. Detrás de cada anuncio existe un contrato, una factura, un pago y una fuente de financiamiento. Y precisamente ahí comienza el interés público.
No corresponde a la opinión pública condenar a nadie. Tampoco corresponde a los partidos sustituir a las autoridades. Pero sí corresponde exigir que las instituciones hagan su trabajo. La autoridad electoral debe investigar si existe una promoción que pudiera vulnerar la equidad de la competencia. El Instituto Nacional Electoral debe verificar, en el ámbito de sus atribuciones, si existen recursos sujetos a fiscalización. El Servicio de Administración Tributaria tiene facultades para revisar que las operaciones comerciales y fiscales relacionadas con esa publicidad cumplan con la ley. Y la Unidad de Inteligencia Financiera puede analizar, dentro de sus competencias, el origen de recursos cuando existan elementos que justifiquen una revisión.
Nadie debe escandalizarse por una investigación. Al contrario. Quien actúa conforme a la ley debería ser el primer interesado en que todo quede plenamente aclarado. Lo preocupante sería que nadie preguntara quién contrató, quién pagó y de dónde provienen los recursos para campañas de posicionamiento que cuestan millones de pesos. La transparencia no puede ser un discurso reservado para los adversarios políticos. Debe aplicarse por igual a todos. La ley no distingue colores, cargos ni aspiraciones.
La democracia pierde cuando unos comienzan la carrera antes que los demás, pero pierde todavía más cuando las instituciones renuncian a investigar aquello que resulta evidente para la ciudadanía. Porque detrás de cada espectacular hay una fotografía. Pero detrás de esa fotografía siempre hay dinero. Y en una democracia, seguir la ruta del dinero no es persecución política; es una obligación del Estado.
Alex Domínguez
