Pedro Torres Estrada
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de retirar de Hidalgo del Parral las Salas de Segunda Instancia en materia Penal y Civil para concentrarlas en la ciudad de Chihuahua representa un grave retroceso para el acceso a la justicia de miles de habitantes del sur del estado. Lejos de fortalecer al Poder Judicial, esta medida aleja los tribunales de quienes más los necesitan.
No sorprende que abogados de Parral, Camargo, Jiménez y otros municipios hayan promovido juicios de amparo. Ellos conocen el impacto real de esta decisión: mayores costos, largos traslados y obstáculos adicionales para quienes buscan hacer valer sus derechos. En un estado tan extenso como Chihuahua, la distancia también puede convertirse en una forma de negar justicia.
El artículo 17 de la Constitución Federal garantiza que toda persona tiene derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Ese mandato no se limita a la existencia de tribunales, sino que exige un acceso efectivo a ellos. Asimismo, el artículo 1° constitucional establece el principio de progresividad de los derechos humanos, que prohíbe adoptar medidas regresivas sin una justificación plenamente acreditada. En este caso, retirar órganos jurisdiccionales de una región implica reducir las condiciones de acceso previamente existentes y, por tanto, exige una motivación excepcional que hasta ahora no ha sido explicada de manera convincente.
Más preocupante aún es que esta determinación parezca responder a intereses políticos y no a criterios institucionales. Diversos señalamientos ubican al priista Kamel Athié Flores como uno de los principales impulsores y beneficiarios de la medida. Si el ejercicio de un cargo público se utiliza para construir proyectos personales o ganar espacios políticos, el interés de la ciudadanía queda relegado y se desvirtúa la función constitucional del Poder Judicial.
La justicia no puede organizarse en función de conveniencias personales. Las instituciones existen para servir a la sociedad, no para fortalecer carreras políticas. Cuando una decisión administrativa perjudica a miles de ciudadanos y genera sospechas sobre sus verdaderas motivaciones, corresponde a las autoridades competentes revisar su legalidad.
Por ello, resulta indispensable que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control investiguen si este acuerdo se emitió con apego a los principios de legalidad, fundamentación, motivación, imparcialidad y servicio público.
La modernización del Poder Judicial no consiste en concentrar oficinas en la capital, sino en acercar la justicia a las personas. Retirar las Salas de Hidalgo del Parral no es una simple reorganización administrativa; es una decisión que dificulta el acceso a la tutela judicial efectiva y profundiza el centralismo. Chihuahua necesita un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, no más distante de ella. La medida tomada de manera unilateral debe revertirse ya.
