La mayoría de Morena en el Senado de la República vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que, mientras administra el presupuesto para el gasto corriente y las dietas de los legisladores, en el caso del senador sinaloense Enrique Inzunza surgen cuestionamientos sobre el cumplimiento de la ley.

De acuerdo con versiones difundidas, Inzunza, quien ha sido señalado públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado y cuyas cuentas bancarias habrían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), continúa cobrando sus percepciones mediante cheques emitidos por el Senado de la República, lo que para algunos representa una forma de sortear las restricciones derivadas del congelamiento de cuentas.

Los cheques, expedidos por la Dirección General de Pagos de la Tesorería del Senado y cobrados a través de instituciones bancarias como Banorte y BBVA México, podrían generar implicaciones legales si se acredita que contravienen medidas vigentes de la UIF. Especialistas en la materia han señalado que, de confirmarse alguna irregularidad, las instituciones financieras podrían enfrentar sanciones previstas en la legislación aplicable.

Sin embargo, el punto que alimenta la controversia es otro: al tratarse de un poder del Estado, hay quienes cuestionan si las autoridades competentes actuarán con el mismo rigor que en otros casos o si prevalecerá la protección política. Mientras ese debate continúa, el senador Enrique Inzunza sigue recibiendo las percepciones correspondientes a su cargo, en espera de que las instancias competentes determinen si existe o no alguna irregularidad.