En dias pasados la CEDH se lleno de solicitudes para atender los discursos desafortunados que
se han dado en temas de derechos humanos, ayer colectivos de sobrevivientes de violencia
atendieron a la comisión para expresar nuestra profunda preocupación por el momento que
atraviesa nuestro estado.
No podemos seguir observando con indiferencia el crecimiento de los discursos de odio, el
avance del conservadurismo radical y el uso de las instituciones públicas para legitimar agendas
que buscan restringir derechos humanos. Estas expresiones no son simples diferencias de
opinión; tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas y sobre el acceso efectivo a la
justicia.
Chihuahua se ha convertido en un caso particularmente preocupante. Es el único estado del país
donde movimientos abiertamente antiderechos y con discursos machistas han encontrado una
preocupante legitimidad institucional. Se les invita al Congreso del Estado, sostienen reuniones
con la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, reciben espacios públicos para
difundir sus narrativas e, incluso, en diversas ocasiones se han destinado recursos públicos para
facilitar sus movilizaciones.
Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia.
Nos preguntamos entonces: ¿de qué sirve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita
sentencias históricas en materia de igualdad, perspectiva de género y derechos humanos si las
autoridades locales simplemente deciden ignorarlas? Un Estado de Derecho no puede funcionar
cuando las resoluciones de los máximos tribunales se convierten en simples documentos sin
efectos reales para quienes tienen la obligación de cumplirlas.
Chihuahua carga con una historia que no puede olvidarse.
Es el estado que dio origen a la sentencia internacional del Caso Campo Algodonero, uno de los
precedentes más importantes sobre violencia feminicida en América Latina. Es el estado que aún
lleva la herida abierta de Ciudad Juárez y la impunidad que durante décadas permitió el asesinato
sistemático de mujeres. Es el estado donde el rostro de Marisela Escobedo sigue recordándonos
lo que ocurre cuando las instituciones le fallan a las víctimas.
Hoy existen municipios con Alerta de Violencia de Género, protocolos que permanecen
archivados y obligaciones internacionales que continúan sin cumplirse.
Sí, la crisis de derechos humanos afecta a todo México. Pero esa realidad no puede utilizarse
para justificar la inacción en Chihuahua. Nuestro estado continúa siendo un territorio donde
persiste la impunidad frente a múltiples formas de violencia.
Seguimos esperando reformas y acciones efectivas frente al acecho. Seguimos esperando una
legislación integral sobre violencia vicaria. Seguimos esperando la correcta implementación de
las leyes relacionadas con los ataques con ácido. Seguimos esperando políticas públicas que
protejan efectivamente los derechos de la diversidad. Seguimos esperando que los derechos
humanos dejen de utilizarse como moneda de cambio en disputas políticas.
Seguimos esperando reformas y acciones efectivas frente al acecho. Seguimos esperando una
legislación integral sobre violencia vicaria. Seguimos esperando la correcta implementación de
las leyes relacionadas con los ataques con ácido. Seguimos esperando políticas públicas que
protejan efectivamente los derechos de la diversidad. Seguimos esperando que los derechos
humanos dejen de utilizarse como moneda de cambio en disputas políticas.
Porque detrás de cada ley pendiente no existe una discusión ideológica.
Existen mujeres asesinadas.
Existen niñas y niños utilizados como instrumentos de violencia.
Existen personas discriminadas.
Existen sobrevivientes que todos los días enfrentan las consecuencias de la omisión del Estado.
Los derechos humanos no nacieron para conceder privilegios. Nacieron para responder a
historias de violencia, exclusión y desigualdad.
En los últimos meses también hemos observado con preocupación un fenómeno impulsado desde
la machosfera: la difusión de la falsa idea de que las mujeres gozan de privilegios jurídicos y que
basta con asumirse como mujer para acceder a supuestos beneficios legales.
Ese argumento es falso.
No existe una sola disposición jurídica que otorgue ventajas procesales por el hecho de ser
mujer.
Lo que existen son instituciones especializadas, como los Centros de Justicia para las Mujeres,
los Institutos de las Mujeres y otros mecanismos creados para atender una realidad ampliamente
documentada: las mujeres enfrentan niveles desproporcionados de violencia, discriminación,
desigualdad económica y exclusión histórica de los espacios de poder.
Estos espacios no representan privilegios. Representan medidas de igualdad sustantiva
reconocidas por la Constitución, por los tratados internacionales y por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para corregir desigualdades estructurales.
Presentarlos como privilegios solo demuestra un profundo desconocimiento del derecho y de la
historia de la lucha por los derechos humanos.
Lo que realmente observamos es un intento de ciertos grupos por capitalizar políticamente el
descontento social mediante discursos de odio y desinformación.
La violencia también evoluciona.
Hubo una época en que la sociedad normalizó el abandono de las mujeres. Después normalizó la
violencia física. Hoy enfrentamos formas mucho más sofisticadas, como la violencia vicaria,
donde los hijos e hijas son utilizados deliberadamente como herramientas para destruir
emocionalmente a sus madres.
Negar esa realidad, ridiculizarla o minimizarla únicamente fortalece la impunidad y deja en
mayor vulnerabilidad a quienes ya han sobrevivido a la violencia.
Negar esa realidad, ridiculizarla o minimizarla únicamente fortalece la impunidad y deja en
mayor vulnerabilidad a quienes ya han sobrevivido a la violencia.
Desde el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria hacemos un llamado a todas las
instituciones del Estado mexicano, y particularmente a las autoridades de Chihuahua, para que
asuman con seriedad su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos.
No puede existir neutralidad frente a los discursos de odio.
No puede existir legitimación institucional para quienes buscan restringir derechos conquistados.
Y no puede seguir utilizándose el dolor de las víctimas como instrumento de confrontación
política.
Chihuahua tiene una deuda histórica con las mujeres, con las niñas, con los niños y con todas las
personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Es momento de que esa deuda comience, por fin, a saldarse.
LIC. ROBERTA GUTIERREZ CORTAZAR (ABOGADA DERECHOS DE LAS MUJERES)