La traición a la patria es una de las acusaciones más graves que pueden formularse contra un mexicano. Pero ¿qué significa jurídicamente traicionar a la patria? ¿Dónde termina la responsabilidad penal y dónde comienza la utilización política de una figura que debería reservarse para conductas verdaderamente graves?
El Código Penal Federal, en sus artículos 123 al 126, establece los supuestos de este delito, que protege la independencia, soberanía, integridad territorial y seguridad de nuestra nación. Su penalidad puede alcanzar hasta cuarenta años de prisión. La ley contempla conductas como realizar actos para someter a México a intereses extranjeros, colaborar con otro Estado en perjuicio del país o privar ilegalmente de la libertad a una persona para entregarla a autoridades extranjeras.
Pero una cosa es la gravedad de una acusación y otra muy distinta la obligación de demostrarla. Para acreditar este delito no bastan las declaraciones públicas, las sospechas, las diferencias políticas ni las interpretaciones convenientes. Se requieren hechos concretos, elementos objetivos, pruebas suficientes y la acreditación de la responsabilidad penal de quien sea señalado.
Hay además un aspecto especialmente delicado: la traición a la patria se encuentra entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto significa que su imputación puede tener consecuencias sobre la libertad de una persona antes de que exista una sentencia condenatoria.
Por eso debemos preguntarnos: ¿se está utilizando esta figura para defender verdaderamente la soberanía nacional o existe el riesgo de convertirla en un instrumento de presión política? La justicia no puede transformarse en una herramienta para intimidar adversarios, fabricar culpables o construir narrativas desde el poder. Pero tampoco puede convertirse la denuncia de persecución política en una excusa para impedir investigaciones legítimas.
Ni impunidad para quien verdaderamente cometa un delito, ni persecución para quien resulte políticamente incómodo. En una democracia, las fiscalías investigan, los ministerios públicos acreditan y los jueces resuelven. Los gobiernos no deben dictar sentencias desde las conferencias de prensa ni sustituir los expedientes judiciales por acusaciones mediáticas.
La soberanía nacional merece una defensa seria, no una utilización oportunista. Y la presunción de inocencia debe proteger a todos, independientemente de sus simpatías, cargos o militancias. México necesita instituciones capaces de investigar sin consignas, perseguir delitos sin venganzas y garantizar justicia sin distinciones políticas. Porque cuando una acusación tan grave se convierte en instrumento de confrontación, no solamente está en juego la libertad de una persona: también está en riesgo la credibilidad de las instituciones.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿estamos defendiendo a la patria mediante el Estado de derecho o estamos debilitando al Estado de derecho en nombre de la patria? La justicia debe servir a México, nunca a los intereses políticos de quienes ejercen el poder.
Alex Domínguez
