EN LAS últimas dos entrevistas que realizamos a César Jáuregui, le preguntamos si tenía algún asunto legal que pudiera poner en riesgo su proyecto político. Ya circulaban versiones sobre la posibilidad de que fuera vinculado a un proceso judicial, pero en ambas ocasiones su respuesta fue que no.
Sin embargo, era un escenario que se veía venir. Siendo un político colmilludo, con experiencia y conocimiento de cómo se mueven las piezas del poder, ¿dejó de advertir que, cuando el poder quiere, puede? Y esta vez, pudo.
La gobernadora Maru Campos lo dijo días atrás: con su actuación, Jáuregui comprometió no solamente al Gobierno del Estado, sino también a ella en lo personal, al romper protocolos y la propia cadena de mando. Por su parte, la presidenta de México afirmó que, además de la acusación de traición a la patria, se investigan otros actos del exfiscal.
Ahora bien, acreditar jurídicamente una conducta de esa naturaleza no es un asunto sencillo. Pero en política hay otra dimensión: la narrativa pública. La expresión traición a la patria tiene una enorme carga simbólica, despierta asombro y puede convertirse en un argumento muy rentable ante la opinión pública. Para algunos, el señalamiento basta para exigir castigos extremos, sin detenerse a distinguir entre una acusación y una responsabilidad acreditada. La política conoce ese efecto y sabe explotarlo.
El actuar de Jáuregui fue temerario, de eso no hay duda. Más allá de la obediencia política que algunos consideraban que debía mantener, su proceder representó un desafío y abrió un frente de confrontación con el poder federal. Tal vez también influyó la percepción de haberse quedado solo después de los hechos, cuando desde la Federación se exigía que alguien respondiera por lo ocurrido y comenzaron los señalamientos de una posible traición a la patria.
Lo lamentable es que terminó por suceder aquello que muchos anticipaban: ante la presión de la Federación, el Gobierno del Estado quedó obligado a responder por la actuación de quien encabezaba la Fiscalía y enfrentaba los señalamientos.
Era difícil pensar que el Gobierno federal dejaría el asunto en el olvido. La pregunta no era si volvería a la mesa, sino cuándo lo haría y de qué manera. Quizá por eso también hubo presión para que el propio Gobierno estatal avanzara en sus investigaciones. Recordemos que en septiembre la gobernadora informó que la fiscal especial Wendy Chávez estaba a cargo de las indagatorias.
El punto es que pocos creyeron que la investigación local avanzaría realmente y con seriedad. Hoy, el escenario coloca al panismo chihuahuense ante una prueba política de gran magnitud.
Mientras todo esto ocurre, las diferencias entre grupos internos del PAN siguen presentes y la operación política ya comenzó. La primera decisión es frenar el proceso de selección de candidatos a las presidencias municipales.
El partido necesita una operación cicatriz. No bastará con cerrar filas ni con pedir unidad de dientes para afuera: será necesario explicar a la militancia, con claridad y detalle, qué ocurrió, cómo se llegó a este punto y cuáles fueron las decisiones que llevaron a César Jáuregui a enfrentar esta situación. La militancia necesita conocer la historia completa, no solamente fragmentos de la trama.
Todavía hay tiempo, aunque el calendario político aprieta. Si se mantiene la previsión de que las precampañas para las alcaldías comiencen a mediados de diciembre, los próximos 40 días serán determinantes.
Maru Campos y su equipo político tendrán que sentar a los liderazgos, poner las cartas sobre la mesa y hacerles entender que, sin sensatez, entendimiento y unidad, el proyecto político del PAN puede ponerse en riesgo.
La operación cicatriz no puede convertirse en una simple repartición de culpas ni en una negociación para proteger intereses de grupo. Se trata de comprender lo sucedido, asumir responsabilidades y reconstruir la confianza interna.
Porque si los grupos panistas privilegian sus diferencias por encima del proyecto común, mañana podrían estar buscando culpables de una derrota electoral que todos contribuyeron a construir.
Y en política, cuando llega la hora de pagar la factura, casi siempre es demasiado tarde para corregir lo que no se quiso resolver a tiempo.
