César Jáuregui endurece su postura: asegura que este asunto no se va a negociar, que llegará hasta donde tope, que no teme a las investigaciones y que los militantes panistas deben exigir un proceso interno transparente. Del otro lado, la gobernadora María Eugenia Campos sostiene que la designación de la candidatura es un asunto del partido y reconoce que existen carpetas de investigación relacionadas con el exfiscal, tanto en el ámbito estatal como en el federal.

Y ahí es donde la política se pone interesante. Una cosa es levantar la mano para competir por una candidatura y otra muy distinta es hacerlo en medio de un escenario que ha puesto bajo los reflectores a la Fiscalía y a los acontecimientos de abril.

Jáuregui apuesta por la transparencia y reivindica el derecho de la militancia a decidir. Maru, por su parte, coloca la definición en el terreno partidista. Dos mensajes que, aunque no necesariamente representan una ruptura, sí dejan ver que la sucesión capitalina está lejos de transitar por una ruta tersa.

La pregunta es inevitable: ¿cómo garantizar un proceso interno creíble cuando uno de los aspirantes exige reglas claras y su trayectoria reciente está bajo el escrutinio público? La existencia de una carpeta de investigación no equivale a una declaración de culpabilidad, pero el asunto inevitablemente forma parte de la discusión política.