En San Lázaro se cocina una nueva Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, impulsada por Morena y promovida por el diputado Víctor Hugo Lobo. La propuesta busca actualizar una legislación que data de 1996, pero entre sus disposiciones hay un tema que levanta cejas: la posibilidad de invalidar un proceso electoral por lo que se considere una “cobertura informativa indebida”.

El problema no es discutir cómo evitar que la propaganda disfrazada de noticia influya en el voto. El verdadero asunto está en definir quién decide dónde termina el ejercicio periodístico y dónde comienza la propaganda. Porque una cosa es sancionar una operación publicitaria encubierta y otra, muy distinta, abrir la puerta a interpretaciones que terminen poniendo bajo sospecha la crítica, el análisis y la información incómoda para el poder.

Es cierto que el proyecto contempla proteger las columnas de opinión, los editoriales, los análisis y las entrevistas frente a la censura o la persecución judicial, siempre que respondan auténticamente a las posturas de sus autores. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿quién determinará cuándo una cobertura es genuinamente periodística y cuándo responde a una estrategia para mover el voto?

La discusión estaba prevista para avanzar en la comisión de Reforma Política-Electoral, pero fue aplazada para introducir modificaciones. Entre los cambios anunciados está recorrer su entrada en vigor de 2027 a 2028. Un ajuste de calendario que no elimina el debate de fondo.

Morena tiene sobre la mesa una reforma que pretende modernizar las reglas procesales electorales y sustituir una legislación que ha quedado rezagada. Pero en materia de democracia, las buenas intenciones no bastan: las leyes deben ser precisas, transparentes y contar con garantías que impidan su aplicación discrecional.

Porque si de defender el voto se trata, también hay que defender el derecho a informar, cuestionar y criticar. En una democracia, el periodismo no está obligado a aplaudir al gobierno ni a convertirse en su adversario; su obligación es informar con responsabilidad, incluso cuando lo que publica incomoda a quienes ejercen el poder.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿estamos ante una actualización necesaria de las reglas electorales o ante una reforma que, si no delimita con claridad sus alcances, podría abrir una disputa peligrosa entre el poder político y la libertad de prensa?

Ahí está el detalle: en política, una ley puede escribirse para ordenar la contienda, pero también debe evitar que las reglas terminen convirtiéndose en un instrumento para condicionar la crítica.