La relación entre Chihuahua y el Gobierno federal vuelve a tensarse. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Maru Campos han elevado el tono de la confrontación, con reclamos por presunta inacción, señalamientos personales y revelaciones sobre conversaciones privadas que ahora forman parte del debate público.
El intercambio ha generado un nuevo frente político entre ambas administraciones, en un escenario que anticipa un cierre de 2026 complicado y un 2027 todavía más intenso, marcado por las elecciones y la disputa por el poder en Chihuahua.
En las últimas horas, Campos Galván no solamente habló sobre lo que conversó en privado con la presidenta, sino que también sostuvo que las autoridades federales ya tenían información relacionada con el exfiscal César Jáuregui.
“Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del fiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé”, declaró la mandataria estatal.
Por su parte, Sheinbaum ha referido que durante su encuentro con la gobernadora le señaló que el responsable del ingreso de los agentes había sido el entonces fiscal y que, además, se habían detectado presuntos actos de corrupción relacionados con casinos.
Estas declaraciones colocan el caso en el centro de una disputa política e institucional en la que será necesario distinguir entre los señalamientos públicos, las investigaciones en curso y las responsabilidades que eventualmente puedan acreditarse ante las autoridades.
Mientras tanto, la audiencia federal para determinar si César Jáuregui es vinculado o no a proceso está prevista para mañana a las 15:00 horas. La resolución mantiene la atención sobre el caso, aunque el resultado y las posibles medidas cautelares dependerán de lo que determine el juez a partir de los elementos presentados.
En medio de esta confrontación, también surgieron señalamientos de Maru Campos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico relacionados con Cruz Pérez Cuéllar y Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. Estas acusaciones añaden presión al escenario político, aunque deberán valorarse conforme a las pruebas y los procedimientos correspondientes.
Lo cierto es que el conflicto ya trascendió el ámbito de las instituciones de seguridad y justicia para convertirse en un enfrentamiento con implicaciones políticas rumbo a 2027.
Se avecinan semanas y meses de alta tensión. Habrá que seguir de cerca las resoluciones judiciales, las respuestas de los actores involucrados y las decisiones de ambos gobiernos, porque lo que hoy se discute puede tener consecuencias mucho más allá del cierre de este año.
En política, las declaraciones pueden encender la mecha, pero serán los hechos y las resoluciones de las autoridades los que determinen hasta dónde llega esta confrontación.
