Mañana miércoles, en sesión del Congreso del Estado, se espera que suban a la orden del día las modificaciones ya dictaminadas para endurecer las penas a quienes, en estado de ebriedad y con manejo irresponsable, cometan homicidio culposo.

Y es que hoy por hoy, el sistema penal ofrece demasiadas facilidades para que quienes provocan este tipo de tragedias enfrenten el proceso en libertad y todo termine reducido al pago de daños.

Lo más grave es que lo hemos normalizado.

“Fue un accidente”… y ahí parece acabarse todo.

Pero detrás de esa frase hay familias enlutadas, vidas truncadas, historias que no regresan. Personas que murieron porque alguien decidió manejar borracho, pasarse un semáforo en rojo a exceso de velocidad y, al día siguiente, con la cruda encima —física y moral—, apenas atinar a decir: “perdón”.

La propuesta busca cambiar eso.

Agregar agravantes claras cuando exista consumo de alcohol, exceso de velocidad u otras conductas de riesgo, y que las sanciones sean realmente más severas. Incluso se habla de prisión preventiva en ciertos casos.

El problema es que el propio sistema penal ha ido en sentido contrario: evitar la cárcel, despresurizar los centros de detención… aun cuando se trate de hechos que, en la práctica, tienen consecuencias devastadoras.

Hoy vemos casos donde no hay seguro, donde hay irresponsabilidad total, donde se combinan alcohol y velocidad… y aun así, tras unos días en separos, el responsable termina en libertad condicional.

Peor aún: con asesoría legal cuestionable, algunos se declaran insolventes y terminan pagando cantidades simbólicas —500 pesos al mes— mientras las familias de las víctimas apenas pueden cubrir los gastos funerarios.

Eso no es justicia.

La lógica de “despresurizar” el sistema penal, aplicada sin matices, termina chocando de frente con el derecho de las víctimas y con el interés colectivo.

Por eso este debate es relevante.

Se trata de decidir si estos hechos seguirán tratándose como simples accidentes… o si finalmente se reconocerá su gravedad como conductas que deben tener consecuencias penales reales.

Ahora la pelota está en la cancha de los diputados.

Y después, en la del Poder Ejecutivo, que tendrá la responsabilidad de aplicar la ley con sentido de justicia, no como un trámite administrativo más para cerrar expedientes.