La denuncia, técnicamente llamada comunicación, la cual se dirige ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, luego pasa por una sala de cuestiones preliminares para análisis general, pueden llamar a cualquier país, a cualquier persona y no es solamente contra López Obrador, puede ser contra cualquier capo, se juzga de manera individual, contra una persona, y no contra un Estado o un país.

La comunicación sostiene la existencia de fundamentos razonables para investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en México durante el periodo 2018-2025. Los promoventes, Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares y Carlos Matienzo Zamora, argumentan que la violencia atribuida a organizaciones criminales ha alcanzado un nivel de consolidación sistemática y generalizada que rebasa los parámetros de la delincuencia común y configura un fenómeno de carácter cuasiestatal.

Plantea dos líneas principales de imputación. La primera señala a diversas organizaciones criminales, entre ellas diversos carteles mexicanos altamente conocidos en todo el territorio como organizaciones que cumplen con los elementos requeridos por el Estatuto de Roma para ser consideradas responsables de ataques sistemáticos contra la población civil. Se argumenta que estas estructuras ejercen control territorial en amplias regiones del país y desarrollan conductas que incluyen homicidios, desapariciones forzadas, tortura, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y otros actos inhumanos.

La segunda línea de imputación se dirige a autoridades y servidores públicos mexicanos, a quienes se atribuye una conducta sistemática de aquiescencia, tolerancia o colaboración con dichas organizaciones, esta conducta no se limitaría a omisiones aisladas, sino que constituiría una política deliberada que habría permitido la consolidación y expansión de los grupos criminales. Los promoventes sostienen que esta relación entre actores estatales y organizaciones criminales transformó cualitativamente la naturaleza del fenómeno de violencia en México, superando la mera corrupción para convertirse en un esquema de consolidación criminal con implicaciones para la responsabilidad internacional del Estado.

Para respaldar lo anterior, el documento cita acontecimientos recientes que, según los promoventes, fortalecen la necesidad de una investigación internacional. Destaca particularmente la acusación presentada en abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios públicos por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Los autores consideran que esta acusación aporta evidencia relevante sobre posibles mecanismos de protección institucional y coordinación entre autoridades y grupos delictivos.

Asimismo, se hace referencia al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2026 sobre desapariciones en México. El documento destaca que dicho informe reconoció expresamente que algunas desapariciones atribuidas a agentes del Estado podrían constituir crímenes de lesa humanidad cuando se ejecutan dentro de contextos de criminalidad organizada y violencia sistemática. También se menciona la actuación del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que solicitó la atención de la situación mexicana conforme a mecanismos especiales previstos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Otro de los argumentos centrales es la presunta incapacidad o falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y sancionar adecuadamente estos hechos. Según el documento, diversas reformas institucionales y decisiones políticas adoptadas durante el periodo analizado habrían debilitado la independencia de órganos encargados de la procuración e impartición de justicia.

Bien, el fondo de esta denuncia es no perder de vista que en México existe un fenómeno de violencia sistemática vinculado tanto a organizaciones criminales con control territorial como a presuntas redes de protección estatal, razón suficiente para poner un alto y actuar con la responsabilidad que el momento exige, y si la acción caracteriza a mi partido, es momento entonces de no esperar más.

Mientras que en México el miedo siga siendo una forma de vida; modifique rutinas de millones de familias; mientras el temor invada los corazones de las madres y padres de familia con la posibilidad de que sus hijos no regresen cualquier día a casa; mientras los niños continúen perdiendo sus infancias por la pérdida de sus padres o por vivir rodeados de violencia; mientras comunidades enteras estén marcadas por el dolor, porque “los pueblos no solo pierden habitantes, pierden tranquilidad, identidad y futuro”, porque para muchas víctimas el sufrimiento no termina con el delito, la burocracia, expedientes sin avanzar y la indiferencia institucional son la constante que alimenta la impunidad. Todo esto, es un símbolo de una guerra terrorista que impacta en toda acción del estado y la sociedad; es pues como lo señaló el Papa León XIV ante parlamentarios españoles, la derrota de la capacidad de negociar u acordar, entre diversos que coinciden en la búsqueda de la paz y el estado de derecho, por falta de comunicación efectiva.

No podemos acostumbrarnos a la muerte y al miedo: México necesita conocer la verdad, porque desde Acción Nacional no solo hablamos de datos y cifras; ya que detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una familia rota. No estamos hablando solamente de estadísticas, sino de niñas y niños que crecieron sin sus padres, de madres que buscan a sus hijos desde hace años, de comunidades enteras que viven con miedo y de ciudadanos que han perdido la confianza en que algún día habrá justicia. El daño más profundo se mide en el dolor acumulado de millones de mexicanos que han visto cómo la violencia les arrebató la paz, la seguridad y, en muchos casos, a quienes más amaban.”, por ello, necesitamos conocer la verdad y no repetir nunca más esas prácticas.

Carmen Rocío González Alonso