En política, cuando el escándalo estalla, siempre aparece alguien dispuesto a señalar culpables y ofrecer soluciones. Ahora, con la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, en medio de cuestionamientos por el escándalo de corrupción, el Gobierno Federal pone el reflector sobre las empresas privadas que suministran papelería electoral, a las cuales califica de coyotes y de incurrir en coyotajes.
¿Estamos ante una oportunidad para concentrar todavía más funciones electorales en una empresa del Estado?
Porque una cosa es combatir los contratos irregulares, los posibles conflictos de interés y la concentración de proveedores, y otra muy distinta es suponer que, por tratarse de una institución pública, todo funcionará mejor y sin riesgos.
La corrupción no tiene partido ni domicilio fijo; puede aparecer tanto en una empresa privada como en una oficina gubernamental. Eso todos lo sabemos.
El INE enfrenta cuestionamientos serios por contratos y posibles irregularidades graves que deben esclarecerse mediante auditorías y procedimientos legales. Pero la salida de Taddei no resuelve por sí sola el problema de la confianza pública. Esa se recupera con investigaciones transparentes, responsabilidades bien definidas y sanciones cuando corresponda.
Y aquí entra la metáfora: el coyote ya encontró la manera de acercarse al gallinero, pero ahora hay que vigilar quién se queda con las llaves del corral.
Que los Talleres Gráficos de México tengan capacidad para imprimir la papelería electoral puede ser una alternativa, siempre que existan controles independientes, supervisión efectiva y reglas claras.
Las boletas no son simples hojas de papel: representan la voluntad ciudadana y deben producirse bajo garantías que nadie pueda cuestionar razonablemente. De hecho, en este terreno, Chihuahua juega un papel importante gracias a su certificación: aquí, en los Talleres Gráficos del Estado, se imprime el papel de seguridad que se utiliza para la papelería electoral.
Si el argumento es acabar con los coyotes, que se acabe con los privilegios, los contratos opacos y los conflictos de interés, sin importar quién esté detrás. Lo que no puede ocurrir es que, con el pretexto de limpiar el gallinero, terminemos entregando todas las llaves a un solo cuidador.
En materia electoral, la confianza no se decreta ni se imprime: se construye con independencia, vigilancia y transparencia. Eso fue lo que el antiguo IFE logró construir durante décadas, pero, desde que se convirtió en INE, esa credibilidad se ha deteriorado en pocos años.
Rumbo a 2027, México necesita un INE que recupere y conserve la confianza ciudadana.
