La democracia exige instituciones independientes, pero también funcionarios honestos y autoridades que rindan cuentas, sin importar de quien se trate.
De nueva cuenta México, por culpa del narco régimen atraviesa un momento que debe preocuparnos profundamente. No solamente por las amenazas que los gobiernos morenistas han infundido durante los últimos años contra nuestras instituciones, sino porque hoy los señalamientos de presunta corrupción alcanzaron al organismo que tiene una de las responsabilidades más delicadas de nuestra vida pública: garantizar que el voto de millones de mexicanos sea respetado.
Lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral no puede reducirse a un escándalo mediático, a una disputa entre partidos políticos o a la renuncia de quien encabezaba la institución. Estamos frente a señalamientos que, de confirmarse, revelarían prácticas incompatibles con la responsabilidad de conducir una institución fundamental para nuestra democracia.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés, contrataciones irregulares y vínculos personales con proveedores, no puede significar el cierre de este capítulo. Por el contrario, debe ser el principio de una investigación profunda, independiente y transparente. Porque renunciar a un cargo no significa quedar exonerado de las responsabilidades que pudieran haberse cometido durante su ejercicio.
Defender la autonomía del INE no significa defender a sus funcionarios a cualquier costo. La autonomía es una garantía para la ciudadanía. Durante décadas, esa ciudadanía luchó para construir una autoridad electoral independiente del poder político, esa conquista no puede ponerse en riesgo por intereses personales, complicidades administrativas o posibles redes de corrupción dadas desde el mismo poder político que promovió Morena.
El pasado 9 de septiembre, durante una reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, presentó su Informe Previo de Gestión y Resultados 2026.
Los datos expuestos fueron suficientemente delicados como para encender las alertas institucionales. Se señalaron depósitos bancarios relacionados con empresas contratadas por el Instituto, posibles omisiones en declaraciones de participación accionaria y la existencia de 57 personas físicas que habrían obtenido contratos mientras desempeñaban cargos dentro del organismo.
También se presentó un análisis estadístico según el cual el 84 por ciento de las personas incluidas en la metodología de evaluación de riesgos mostraba indicios de posibles actividades indebidas, entre ellas sobornos, conflictos de interés y enriquecimiento oculto.
Es indispensable precisar que estos indicadores no constituyen pruebas de culpabilidad ni significan que el 84 por ciento de todo el personal del INE haya cometido irregularidades. Sin embargo, sí representan señales que merecen explicaciones y procedimientos de investigación rigurosos.
Derivado de estas aseveraciones, desde mi responsabilidad como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, estuve en alerta sobre lo que fuera aconteciendo respecto de los señalamientos que se dieron durante el Informe Previo de Gestión y Resultados 2026; y ante las investigaciones periodísticas difundidas el 19 de octubre, solicité formalmente a la Comisión y al OIC con fecha del 20 y 21 de octubre respectivamente, la comparecencia urgente del titular del Órgano Interno de Control del INE, sigo sin respuesta institucional, sin embargo, a los presidentes de dos comisiones legislativas que presiden aliados de Morena, la respuesta les llegó puntual. La rendición de cuentas no puede depender de quién pregunta, ni la transparencia puede administrarse según conveniencias políticas.
La renuncia no es justicia. Las autoridades deberán determinar si existieron conflictos de interés, simulación de procedimientos de contratación, utilización indebida de recursos públicos o responsabilidades de carácter administrativo y penal. No solo son las posibles irregularidades, también lo es la posibilidad de que los mecanismos de vigilancia hayan resultado insuficientes para prevenirlas, detectarlas o corregirlas a tiempo. Por eso resulta insuficiente que una crisis de esta naturaleza termine únicamente con la salida de una persona.
El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por hechos que podrían constituir delitos y ha fijado una postura que considero fundamental: las instituciones democráticas deben protegerse mediante la legalidad, la independencia y el combate efectivo a la corrupción. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió una investigación exhaustiva sobre los contratos cuestionados, los posibles conflictos de interés y las responsabilidades de funcionarios y proveedores. El señalamiento es contundente: no basta con cambiar a la persona que encabeza una institución si las posibles prácticas irregulares permanecen intactas.
Legisladoras y legisladores de Acción Nacional, también exigimos que la Auditoría Superior de la Federación y las instancias correspondientes investiguen a fondo. El coordinador del PAN, José Elías Lixa logró que el titular del Órgano Interno de Control explique ante el Poder Legislativo el estado de las investigaciones y las actuaciones realizadas.
Está en juego la confianza de millones de mexicanos. Tenemos en puerta un proceso electoral de enorme trascendencia en 2027. En ese contexto, la autoridad electoral necesita contar con la confianza pública suficiente para garantizar elecciones libres, transparentes y confiables. El INE no puede convertirse en un espacio de cuotas políticas ni de recompensas para personas cercanas al gobierno o a cualquier partido. México necesita un INE autónomo frente al gobierno, independiente frente a los partidos y absolutamente responsable frente a los ciudadanos.
Rocio González
