Por Carmen Roció González
El narco régimen morenista nuevevamente pretende acallar las voces de la oposición, del periodismo de investigación, de la sociedad que no comparte y no está de acuerdo en su forma de gobierno, un gobierno que ha enviado muchas señales de ser totalitario. Lo intentó antes, a través de diversas iniciativas, lo que la presidente propuso a través de lineamientos que regulan la nueva Ley de Telecomunicaciones, ya lo había presentado en el artículo 109 de la misma iniciativa de ley, sin embargo, diputados de Acción Nacional alertamos sobre sus alcances y logramos que se eliminará del dictamen, de nuevo a través de estos lineamientos se busca obligar a los medios como: radio y televisión, a contar con un código de ética, distinguir entre información y opinión, además de atender solicitudes de réplica cuando una persona considere se difundió información falsa, mediante la figura de un “defensor de las audiencias”.
El Ejecutivo federal de manera perversa, con el argumento de proteger los “derechos de las audiencias”, lo que pretende es decidir qué es mentira o verdad sobre toda la información que circula en medios convencionales; luego lo hará en plataformas digitales y prensa escrita, porque claro, los ciudadanos somos incapaces de hacerlo. La discusión no esta asentada solamente sobre la norma administrativa, la verdadera preocupación, es sobre quién decidirá qué información puede y debe difundirse y cuáles son los críterios.
Desde Acción Nacional se advierte que este nuevo intento de censura, a través de un acto administrativo presidencial, el cual representa un riesgo para la libertad de expresión, pues intenta limitar el trabajo periodístico, o peor, como el gobierno y su partido pasan por diversas crisis, pretenden inhibir la crítica. A través de estas líneas es importante dejar claro que, el PAN esta a favor de proteger los derechos de las audiencias, el derecho de réplica y de la información responsable; lo que rechazamos es que a través de un ente regulador que no es independiente del oficialismo sea quien determine qué contenidos son verdaderos y qué información debe difundirse o peor cuándo debe de sancionarse a un medcio de comunicación.
El gobierno federal, no puede convertirse en juez de la verdad. La crítica que por diversos medios y plataformas se le hace al poder nunca debe ser motivo de censura. Los medios de comunicación en todas sus vertientes cumplen con una función democrática de investigar, cuestionar y exhibir los posibles actos de corrupción, el abuso de poder, en la actualidad han documentado o el amasiato que tienen los gobiernos morenistas a lo largo y ancho del país con el crimen organizado, por eso los quieren silenciar. Pretender a través controles gubernamentales limitar la libertad de expresión, situación que coloca al gobierno de Morena como una autocracia, que obliga a responder unicamente a intereses políticos, por ende deja fuera criterios jurídicos y técnicos.
Por otro lado, los derechos de las audiencias deben fortalecer libertades, en ningun caso, restringirlas. Estás garantías en su conjunto deben asegurar que las audiencias reciban información plural, verazmente identificada y sobre todo que respete la dignidad humana, y para nada, eso le corresponde a los gobiernos en turno. Una primer manera de protegerlos, es garantizar que el organismo regulador tenga plena autonomía para supervisar sin niunguna presión política, económica o social el cumplimiento de la ley.
Los “defensores de las audiencias”, de ninguna manera pueden ser o formar parte del poder, deben ser perfiles totalmente independientes, tampoco ser nombrados por los gobiernos, sin duda existiría un posible sesgo. Lo que sí deben hacer los gobiernos, es promover la alfabetización mediática, para que desde los centros escolares se conozca cómo identificar información falsa, propaganda, manipulación o contenidos patrocinados; y por supusto mejorar los sistemas de denuncias, que estos sean expeditos, accesibles, incluso gratuitos. La finalidad en un estado de derecho, en una democracia, es equilibrar el derecho de quienes comunican con el derecho de quienes reciben información, asegurando que sea de calidad.
La ciudadanía informada es el mayor fruto de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pues participa de manera más libre y consciente en las decisiones públicas que afectan su comunidad. Las y los Diputados de Acción Nacional continuaremos impulsando la protección real de las audiencias, ya que influye de manera exponencial en el fortalecimiento de la democracia, garantiza que los medios de comunicación cumplan con su principal función: el interés público y no, a intereses políticos o de otra índole. Creemos que la mejor manera de combatir la desinformación es no censurando, sino garantizando más libertad, más transparencia y más acceso a la información.
