La Adelita de Chihuahua volvió a dejarse caer con todo, la gobernadora Maru Campos señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está encubriendo «lo que realmente está pasando en las fronteras» del país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria estatal exigió al Gobierno Federal no sacrificar los intereses de México para proteger a funcionarios de Morena que han sido señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Y el contexto no es menor. Los estadounidenses mantienen la presión sobre México en distintos frentes. Por un lado, continúan las advertencias sobre seguridad, migración y combate al narcotráfico. Por otro, cada vez son más frecuentes las voces dentro del entorno político de Donald Trump que hablan de endurecer las acciones contra los cárteles mexicanos.

A eso se suma la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, un tema que preocupa particularmente a Chihuahua por su enorme dependencia de la industria exportadora y manufacturera vinculada al mercado estadounidense.

Por eso Maru Campos decidió retomar con fuerza la narrativa que ha sostenido durante las últimas semanas: que la protección política a funcionarios señalados por presuntos vínculos con grupos criminales puede terminar generando consecuencias para todo el país.

Y particularmente para estados fronterizos como Chihuahua. La Adelita salió nuevamente al ruedo y lo hizo con los espolones por delante.

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Y si hay un tema que verdaderamente debería preocuparnos a todos, es el de los jóvenes atropellados durante los festejos del pasado jueves en la Glorieta de Pancho Villa. El asunto es muy serio, una joven continúa debatiéndose entre la vida y la muerte debido a las lesiones sufridas aquella noche. De acuerdo con los médicos especialistas que la atienden, su estado sigue siendo delicado y las secuelas podrían acompañarla durante mucho tiempo.

Y lo más doloroso es que todo parece haber sido consecuencia de una cadena de irresponsabilidades.

La imprudencia de un conductor, la provocación y agresión de un grupo de jóvenes contra propiedad privada; la falta de control en una concentración masiva, y también las dudas sobre la actuación de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en el lugar.

Porque si efectivamente existía presencia policial y de agentes viales en la zona, como se ha señalado, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿Por qué se permitió la circulación de vehículos entre una multitud de personas?

Más allá de determinar responsabilidades legales, este caso debería convertirse en una lección para todos. El próximo miércoles volverá a jugar la Selección Mexicana y, si los resultados acompañan, es muy probable que miles de personas vuelvan a reunirse para celebrar.

La pregunta es qué medidas se tomarán ahora para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. Porque los festejos son legítimos, la alegría colectiva también, pero ninguna celebración justifica poner en riesgo la vida de las personas.

Hoy una joven recién egresada de la universidad lucha por sobrevivir. Su familia enfrenta horas de angustia y una ciudad entera observa con preocupación la evolución de su estado de salud.

Todos deseamos que logre recuperarse, todos esperamos que la historia tenga un desenlace favorable.

Pero también es momento de entender que el orden público no es un capricho de la autoridad, es una obligación y cuando se trata de eventos masivos, prevenir siempre será menos costoso que lamentar.

Ojalá que el próximo encuentro de la Selección sea recordado por los goles y no por una nueva tragedia, porque hay ocasiones en que gobernar también significa tomar decisiones impopulares para proteger a la gente y quizá esta sea una de ellas.