En una democracia, ningún partido político debe estar por encima de la ley. Tampoco sus dirigentes, sus candidatos o sus aliados. La fortaleza de las instituciones se mide precisamente por su capacidad para investigar, sancionar y deslindar responsabilidades sin importar colores, cargos o intereses electorales.
Por eso resulta preocupante que, cada vez con mayor frecuencia, exista entre amplios sectores de la sociedad la percepción de que Morena ha sustituido la exigencia de rendición de cuentas por una lógica de protección política al crimen organizado. Cuando surgen señalamientos, investigaciones o cuestionamientos públicos contra personajes vinculados al oficialismo, la respuesta suele ser la misma: descalificar a los críticos, acusar conspiraciones o reducir cualquier observación a una disputa partidista.
El problema no es únicamente la defensa de determinados actores políticos. El problema es el mensaje que se envía a los ciudadanos. Cuando la lealtad partidista parece tener más peso que la transparencia, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse. Y cuando la política se convierte en un mecanismo para blindar a los propios, la frontera entre el interés público y el interés partidista se vuelve cada vez más difusa.
México enfrenta desafíos enormes en materia de seguridad, Estado de derecho y combate a la impunidad. En ese contexto, la ciudadanía espera que cualquier señalamiento serio sea investigado con rigor y sin excepciones. No importa si se trata de funcionarios, legisladores, gobernadores o dirigentes partidistas. La ley debe aplicarse de manera uniforme.
La narrativa oficial insiste en que Morena representa una transformación profunda de la vida pública nacional. Sin embargo, una transformación auténtica exige congruencia. No basta con denunciar los excesos del pasado si en el presente se reproducen prácticas similares. No basta con hablar de honestidad cuando las dudas legítimas son respondidas con descalificaciones en lugar de explicaciones.
La democracia no requiere gobiernos perfectos; requiere gobiernos que rindan cuentas. Requiere instituciones capaces de investigar sin presiones políticas y ciudadanos dispuestos a exigir resultados. También requiere una oposición responsable que señale errores y proponga alternativas.
Lo verdaderamente preocupante no es que existan cuestionamientos sobre determinados personajes públicos. Lo preocupante es que exista una resistencia sistemática a esclarecerlos. Cuando la protección política sustituye a la transparencia, pierde la democracia. Cuando la lealtad partidista se coloca por encima de la verdad, pierde la confianza ciudadana.
México necesita menos propaganda y más rendición de cuentas. Menos discursos de confrontación y más respuestas. Porque la legitimidad de un gobierno no se construye protegiendo a los propios, sino demostrando que nadie está por encima de la ley.
Morena y su Gobierno debe entender que por encima de sus intereses está el interés nacional, la protección a los políticos de su partido vinculados al crimen organizado le resta credibilidad y legitimidad; más aún confirma complicadad y apoyo a la criminalidad.
ALEX DOMÍNGUEZ
