Un tema que vale la pena poner sobre la mesa es la deforestación, aunque en esta ocasión no hablaremos de Chihuahua, porque ese asunto merece un episodio aparte. Hoy la mirada está puesta en Michoacán y en el llamado «oro verde»: el aguacate.

México es el principal productor y exportador de aguacate del mundo, y Michoacán concentra buena parte de esa actividad. Sin embargo, el éxito económico del cultivo también ha tenido un elevado costo ambiental. Desde hace años, autoridades y organizaciones ambientales han documentado la pérdida de miles de hectáreas de bosques de pino y encino para ampliar la superficie destinada a las huertas de aguacate.

Las prácticas ilegales denunciadas incluyen incendios forestales provocados para cambiar el uso de suelo, tala clandestina, plantaciones ocultas entre el bosque y el secado deliberado de árboles para justificar posteriormente su derribo. Todo ello ha reducido considerablemente la cobertura forestal en diversas regiones del estado.

Ahora el tema adquiere una nueva dimensión. Estados Unidos, principal comprador del aguacate mexicano, endureció sus requisitos para la importación y exige que los productores acrediten que la fruta proviene de terrenos libres de deforestación ilegal. El objetivo forma parte de una estrategia para fortalecer la trazabilidad de los productos y evitar que el comercio incentive la destrucción de ecosistemas o actividades ilícitas.

En México, la certificación corresponde a las autoridades ambientales federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que apoyan los procesos de verificación con herramientas tecnológicas como la plataforma Guardián Forestal. El gran reto será garantizar que estos mecanismos funcionen con transparencia y que las certificaciones realmente reflejen el origen legal de la producción.

El impacto no será menor. Los productores que no logren acreditar el cumplimiento de estos requisitos podrían perder acceso al mercado estadounidense, lo que aumentaría la oferta de aguacate en el mercado nacional y presionaría los precios a la baja. Los primeros efectos ya comienzan a observarse en algunas regiones productoras.

Más allá del debate político, el caso deja una reflexión importante: cuando el crecimiento económico ocurre sin controles ambientales eficaces, tarde o temprano llegan las consecuencias. El desafío ahora será proteger los bosques sin afectar a los productores que sí cumplen con la ley y dependen de esta actividad para sostener a sus familias.