El senador de Morena, Javier Corral Jurado, se desistió este día de la impugnación que había presentado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en un restaurante de la capital del país.
En pocas palabras, terminó reconociendo que aquello difícilmente tendría futuro jurídico. El mismo personaje que suele presentarse como defensor irrestricto de la ley y las instituciones terminó retirando una acción que buscaba reactivar un asunto que ya había sido desestimado por las autoridades capitalinas.
Con ello concluye, al menos por ahora, un episodio que durante cinco semanas mantuvo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en la conversación política nacional. Aunque tratándose de Corral, seguramente no tardará en encontrar otro tema para intentar volver al reflector mediático, porque incluso dentro de Morena su influencia parece cada vez más limitada.
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Mientras tanto, los llamados “juniors vándalos” siguen haciendo de las suyas en Chihuahua.
Cada vez son más los negocios ubicados sobre el Periférico de la Juventud que reportan daños en sus ventanales a causa de ataques con armas de postas. Entre los afectados se encuentran agencias automotrices, sucursales bancarias y diversos establecimientos comerciales.
Según se comenta, los actos vandálicos ocurren durante la madrugada. Los responsables circulan en vehículos y disparan contra los cristales de los negocios. El problema es que el daño muchas veces no es visible de inmediato y algunos propietarios tardan incluso días en percatarse de que fueron afectados.
Y ahí comienzan los verdaderos dolores de cabeza.
Al no poder determinar con precisión cuándo ocurrió el daño, resulta complicado activar seguros o acreditar los hechos. Además, las pólizas rara vez cubren actos vandálicos de este tipo, las investigaciones suelen complicarse por la falta de evidencia y los enormes ventanales de estos establecimientos cuestan cantidades considerables.
Hay negocios que han tenido que reemplazar hasta tres veces sus cristales.
Se sabe que la Policía Municipal trabaja en coordinación con empresarios a través de la plataforma Escudo Chihuahua y el sistema de videovigilancia para rastrear a los responsables. Sin embargo, también se requiere mayor participación de los propios afectados, porque muchas veces exigen resultados inmediatos, pero son menos abiertos cuando se trata de compartir grabaciones, datos o información útil para las investigaciones.
Por lo pronto, ahí está el reto para las autoridades: dar con estos juniors rompevidrios antes de que el problema siga creciendo.
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Por otra parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván rechazó que exista injerencia extranjera rumbo al proceso electoral de 2027, como lo sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum.
«La injerencia de la que debemos cuidarnos es la del crimen organizado», sostuvo la mandataria estatal.
Y es que resulta innegable que el poder de las organizaciones criminales sobre distintas estructuras institucionales se ha convertido en uno de los principales desafíos para el país.
Históricamente, cuando existían casos de colusión entre funcionarios y grupos delictivos, éstos procuraban mantenerse ocultos. Había un esfuerzo permanente por evitar que esas relaciones fueran evidentes y, cuando llegaban a descubrirse, el costo político y judicial solía ser considerable.
Hoy el debate es distinto. Diversos sectores consideran que existe una mayor tolerancia hacia ciertos fenómenos vinculados al crimen organizado y que la capacidad de influencia de estos grupos se ha expandido a ámbitos donde antes resultaba impensable.
Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que el tema de la seguridad, la infiltración criminal y la fortaleza de las instituciones seguirá ocupando un lugar central en la discusión política rumbo al 2027.
En la Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.
