Desde hace décadas, esta empresa ha estado en medio de reclamos y señalamientos de compradores de vivienda que terminan descubriendo que el sueño de tener casa propia puede convertirse en una auténtica pesadilla.
Ahora son representantes de familias afectadas, entre ellas Ana Delgado y Silvia Gutiérrez, quienes acudieron a las oficinas de la empresa en Chihuahua capital para buscar un acuerdo directo con la directiva. El reclamo no es menor: aseguran que la Suprema Corte resolvió a su favor, respaldada por peritajes que demostraron que el terreno donde se construyó el sector habitacional no era apto, situación que provocó severos daños en la infraestructura de las viviendas.
Según las afectadas, el fallo judicial establece el pago del valor total de las propiedades, más un 20 por ciento por concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, denuncian que el propietario de la empresa, Elías Madero, ha evitado asumir esa responsabilidad mediante una cadena de recursos legales.
¡Vaya negocio! Las familias compran una casa para construir su patrimonio y terminan construyendo expedientes judiciales para defenderlo.
Pero aquí hay algo todavía más delicado: las inconformes también cuestionan la actuación de las autoridades judiciales locales y el traslado del expediente a Ciudad Juárez, cuando el conflicto se originó en Chihuahua capital.
Y es precisamente aquí donde la historia deja de ser solamente un pleito entre particulares y se convierte en un asunto de interés público.
Porque CTU no puede presumir que se trata de un caso extraordinario cuando, a través del tiempo, han surgido reclamos de compradores de vivienda de interés social relacionados con la calidad de las construcciones y las deficiencias de los desarrollos habitacionales.
La pregunta obligada es: ¿quién supervisa estos fraccionamientos?, ¿quién autoriza los terrenos?, ¿quién verifica que las viviendas cumplan con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias?
Porque si las autoridades municipales y estatales de Desarrollo Urbano están para revisar, autorizar y vigilar, no pueden aparecer únicamente para la fotografía de inauguración o para cortar el listón cuando se entrega la primera vivienda.
Y si hubo omisiones, alguien tendrá que explicarlas, ¡La casa debe ser el patrimonio de una familia, no el dolor de cabeza de toda una vida!
