Un nuevo censo elaborado por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria arroja datos
verdaderamente alarmantes.
La mayoría de las víctimas señala haber experimentado violencia institucional. Por
eso, cuando alguien pregunta por qué es necesario juzgar con perspectiva de género,
aquí están las respuestas: urge seguir impulsando la agenda de género y de derechos
humanos en nuestro país, así como transformar el sistema de justicia y fortalecer los
protocolos de actuación.
Las víctimas entrevistadas enfrentan, de manera simultánea, hasta cuatro procesos
legales que deben atender. Muchos de estos procedimientos parecen tener como
propósito desgastarlas emocional y económicamente. Los datos son claros: los
agresores utilizan todos los recursos jurídicos que encuentran a su alcance, mientras
que el sistema todavía no cuenta con mecanismos suficientemente eficaces para
identificar estos patrones ni para advertir a las instituciones sobre las verdaderas
intenciones que pueden existir detrás de la multiplicación de procesos legales.
De las sobrevivientes entrevistadas, únicamente el 19% no pudo denunciar la violencia
vicaria, lo que significa que el 81% sí tuvo acceso a denunciar lo que estaba ocurriendo
dentro del universo de las madres protectoras. Sin embargo, poder presentar una
denuncia no garantiza que esta sea investigada adecuadamente ni que las víctimas
reciban una protección efectiva. Pero este dato, seguro representa mucha mujer
de Chihuahua, ya que en el estado grande, ni eso podemos hacer, aquí estamos
invisibilizadas.
El 80.83% de las mujeres víctimas de violencia vicaria tiene, al menos, una hija o
un hijo menor de 12 años. Esto demuestra que esta forma de violencia se ejerce
predominantemente durante las etapas de mayor dependencia infantil, cuando niñas
y niños necesitan más cuidados, estabilidad y protección. Tenemos que preguntarnos:
¿cómo crecerán estas niñas y estos niños en medio de la violencia, la manipulación y la
incertidumbre?
Además, más del 87.95% de las mujeres enfrenta dos o más procesos legales y, en más
de la mitad de los casos, las víctimas deben atender cuatro procedimientos al mismo
tiempo. Asimismo, el 49.3% de los juicios familiares fue iniciado por los agresores. Estos
datos también obligan a analizar las redes de apoyo y complicidad que pueden facilitar
estrategias de litigio orientadas al desgaste de las víctimas.
Resulta absurdo que, durante las fechas conmemorativas de la lucha por los derechos
de las mujeres, las instituciones se pinten de morado o de naranja y se llenen de
frases, mientras esas expresiones no están respaldadas por una verdadera política de
protección.
El 15 de noviembre de 2025, la gobernadora Maru Campos firmó un compromiso con
la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar las leyes en materia de derechos de
las mujeres. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese compromiso no se ha traducido en
acciones suficientes. Todo parece reducirse a una simulación o a una representación
pública de supuestas “aliadas de la causa”, mientras se continúa colaborando con el
mismo sistema que históricamente ha postergado la construcción de una igualdad real.
El 15 de noviembre de 2025, la gobernadora Maru Campos firmó un compromiso con
la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar las leyes en materia de derechos de
las mujeres. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese compromiso no se ha traducido en
acciones suficientes. Todo parece reducirse a una simulación o a una representación
pública de supuestas “aliadas de la causa”, mientras se continúa colaborando con el
mismo sistema que históricamente ha postergado la construcción de una igualdad real.
Chihuahua vive en la doble moral: tan cerca de la alerta de género, pero tan lejos
de atenderla. Esto demuestra que tener cuerpo de mujer no garantiza gobernar con
perspectiva de género ni defender los derechos humanos de las mujeres. Basta con
revisar las noticias, las fotografías del trabajo burocrático y, sobre todo, todo aquello que
brilla por su ausencia.
A ello se suma el fortalecimiento de grupos detractores que promueven discursos
antifeministas, misóginos y profundamente violentos. Ahora pretenden cuestionar,
desacreditar y negar las narrativas de las víctimas mediante propaganda favorable a los
agresores. Buscan imponer nuevamente la idea de que las mujeres somos “malas” y que
estamos “exprimiendo” económicamente a los hombres.
Esa narrativa no está acompañada de datos reales. La mayoría de los hogares
encabezados de manera autónoma por mujeres no recibe pensión alimenticia, mientras
que el abandono paterno alcanza cifras alarmantes. Al mismo tiempo, observamos
prácticas cada vez más descaradas de fraude procesal y la apropiación de recursos,
discursos y espacios destinados a grupos históricamente vulnerados.
Todo ello refleja a una sociedad enferma, preocupada por conservar privilegios y
relaciones de poder, mientras se olvidan los buenos tratos, la corresponsabilidad y la
cultura de paz.
Nos corresponde seguir dando la batalla, porque la evolución de los derechos humanos
no se va a detener. Solamente aparecen nuevas formas de intentar frenarla, mientras
las intenciones de ciertos actores políticos y de los agresores se vuelven cada vez más
evidentes y transparentes..

¡Ánimo! La lucha continúa.

ROBERTA GUTIERREZ CORTAZAR rgutierrezcortazar@gmail.com
Abogada, psicóloga y defensora de los derechos humanos de las mujeres