Un hombre mexicano extraditado desde México se declaró culpable de conspirar para introducir de contrabando a miles de extranjeros procedentes de varios países en Estados Unidos con fines de lucro. Información que proporciona el departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, desde noviembre de 2020 hasta septiembre de 2023, Efraín Zúñiga-García, de 38 años y originario de México, y otros formaron parte de una extensa organización internacional de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de extranjeros procedentes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador en Estados Unidos, cruzando la frontera con México.
La organización operaba casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, México. Un traficante pakistaní radicado en Brasil contactaba inicialmente con los extranjeros para que participaran en la red de tráfico.
A su vez, este traficante brasileño colaboraba con un traficante radicado en San Antonio, Texas, y con un inmigrante indocumentado de Honduras, Enil Edil Mejía-Zúñiga, para facilitar el viaje de los extranjeros desde Sudamérica a Estados Unidos. Mejía-Zúñiga dirigía las operaciones y pagaba a guías armados a pie («coyotes»), conductores de carga y operadores de las casas de seguridad, entre ellos Zúñiga-García.
Según documentos judiciales, Mejía-Zúñiga admitió que la ASO introdujo de contrabando entre 2500 y 3000 extranjeros en Estados Unidos en tan solo dos años. Mejía-Zúñiga declaró que la organización cobraba entre 6500 y 12 000 dólares por extranjero, lo que representó una ganancia económica de entre 16 y 30 millones de dólares. Mejía-Zúñiga fue sentenciado a 10 años de prisión en julio de 2025. Su coacusada, Mónica Hernández-Palma, de 34 años y originaria de México, fue sentenciada a 41 meses de prisión en mayo de 2026.
Zuniga-García dirigía la casa de seguridad en Monterrey y coordinaba con otros miembros de la ASO para transportar inmigrantes ilegales a dicha casa y luego introducirlos ilegalmente en Estados Unidos. Zuniga-García colaboraba con otros para alojar a los inmigrantes durante un tiempo, tras lo cual estos eran entregados a los «coyotes», quienes los guiaban a través de la frontera entre Estados Unidos y México cruzando el río Grande.
Zuniga-García se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos, de introducir a un extranjero en Estados Unidos con fines de lucro y de complicidad. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia. Zuniga-García se enfrenta a una pena mínima obligatoria de tres años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Justin R. Simmons del Distrito Oeste de Texas; y el Agente Especial Interino a Cargo John A. Pasciucco de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en San Antonio.
La oficina de HSI en Del Rio lideró las investigaciones estadounidenses, trabajando en conjunto con la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C., el Grupo de Trabajo Internacional de Interdicción del Centro Nacional de Selección de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. y la Patrulla Fronteriza (BP) de EE. UU. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las fuerzas del orden en México para lograr el arresto y la extradición de Zúñiga-García.
La abogada litigante Bethany Allen, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Joseph Duarte II, del Distrito Oeste de Texas, están a cargo del procesamiento del caso.
