La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, enfrentará en libertad la investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que una jueza federal rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras una audiencia que se prolongó por más de diez horas, la jueza Nora Ileana García Peralta determinó que, aunque la detención de Gilda Susana Lozoya Austin fue legal, la FGR no presentó elementos suficientes para demostrar que existiera riesgo de fuga o que la imputada buscara evadir la acción de la justicia.

La juzgadora destacó que la Fiscalía tampoco acreditó haber realizado acciones para localizarla durante los últimos tres años, ni haberla citado previamente a comparecer ante el Ministerio Público o ante un juez, por lo que consideró improcedente mantenerla en prisión mientras se resuelve su situación jurídica.

Gilda Susana Lozoya fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al arribar en un vuelo procedente de Ámsterdam, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, la imputada habría participado en el presunto lavado de 3.8 millones de dólares que, según la acusación, recibió su hermano Emilio Lozoya como soborno del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), para facilitar la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.

La Fiscalía sostiene que la operación ocasionó un daño al erario, al tratarse de una empresa que llevaba más de 14 años sin operar, motivo por el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la calificó como una “empresa chatarra”.

Como medidas cautelares, la jueza ordenó que Gilda Susana Lozoya comparezca cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares, entregue su pasaporte, no salga de la Zona Metropolitana del Valle de México ni del país y que, en un plazo máximo de diez días, le sea colocado un brazalete electrónico.

La audiencia continuará el próximo martes, fecha en la que la autoridad judicial resolverá si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.