El Partido del Trabajo (PT), el aliado más pequeño de la coalición oficialista con apenas seis senadores, frustró ayer la pieza central del llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La bancada petista presentó una reserva para retirar del dictamen los cambios al artículo 35 constitucional que habrían permitido adelantar la consulta de revocación de mandato al 6 de junio de 2027, fecha de las elecciones federales y locales.

Como resultado, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen —con 86 votos a favor y 42 en contra— y lo remitió a la Cámara de Diputados con únicamente tres modificaciones: la reducción de regidurías en los ayuntamientos, el límite al gasto de los congresos estatales y la obligación de los altos funcionarios electorales de percibir un salario menor al de la presidenta de la República.

El resultado representa el segundo revés legislativo de Sheinbaum en materia electoral. La primera iniciativa de reforma había naufragado meses atrás en la Cámara de Diputados.

La versión que ahora avanza deja sin concretar los objetivos originales de la reforma: reducir el gasto en el sistema electoral, disminuir el financiamiento a los partidos y reconfigurar la representación proporcional en el Poder Legislativo.