En los próximos días, la Cámara de Diputados habrá de discutir el paquete económico para 2027 y, dentro de éste, la iniciativa del Ejecutivo Federal para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una propuesta que busca homologar criterios, datos y sistemas entre catastros y registros públicos de la propiedad de estados y municipios.

El objetivo, en principio, busca contar con información inmobiliaria actualizada, digitalizada y compatible; establecer una clave única catastral y una cédula que permita vincular la información física y jurídica de cada inmueble, además de facilitar trámites y consultas mediante plataformas digitales.

La iniciativa parte de una realidad que nadie puede desconocer: existen profundas diferencias entre los catastros del país en materia de actualización, digitalización, organización, infraestructura y capacidades institucionales. Sin embargo, si se pretende corregir esas desigualdades mediante una plataforma nacional, también tendría que responderse una pregunta fundamental: ¿con qué recursos habrán de hacerlo los municipios?

El proyecto establece obligaciones para las autoridades catastrales municipales, entre ellas adoptar la plataforma nacional, implementar la clave única catastral, utilizar modelos homologados y mantener actualizada la cartografía. Pero no establece los recursos suficientes y permanentes para que los ayuntamientos puedan cumplirlas y aquí radica una de las principales preocupaciones. La modernización catastral puede contribuir a mejorar la información inmobiliaria y, eventualmente, fortalecer la recaudación del impuesto predial. Pero la iniciativa no explica de manera suficiente cómo se traducirá esa modernización en una mayor recaudación municipal, ni cómo se financiará la transformación tecnológica de los municipios que hoy carecen de infraestructura y personal especializado.

Desde la perspectiva de Acción Nacional, resulta poco conveniente sustituir los sistemas municipales existentes por una plataforma nacional. Una alternativa sería establecer mecanismos de interoperabilidad, permitiendo que las plataformas ya desarrolladas por estados y municipios se conecten con los sistemas nacionales, evitando duplicidades y costos innecesarios.

La modernización es necesaria y la homologación puede ser conveniente. Pero el federalismo no consiste en que la Federación establezca las reglas y los municipios paguen la factura.

Si realmente se quiere fortalecer a los ayuntamientos, la reforma debe acompañarse de recursos permanentes, capacitación y asistencia técnica. De lo contrario, bajo el argumento de armonizar los catastros, se podría terminar construyendo una nueva estructura centralizada que imponga más obligaciones a los municipios, que limite sus capacidades y afecte sus haciendas.