Rocio Gonzalez Alonso
La crisis de medicamentos es una de las mayores deudas que el gobierno federal de Morena tiene con el país. Si el desabasto de medicamentos, citas, especialistas médicos representan un agravio para las familias mexicanas, resulta todavía más perverso que políticos de Morena y sus aliados utilicen esas carencias en el sector salud, así como la misma enfermedad como instrumentos de promoción electoral.
En medio de la crisis del sistema público de salud, aspirantes del partido en el poder han encontrado la oportunidad para ganar simpatías, promover sus nombres y construir candidaturas. Primero, dejaron al país sin medicinas y ahora las reparten mediante caravanas, farmacias gratuitas y consultorios móviles, pero con fotografías, logotipos partidistas, todo en color guinda y algunos hasta se atreven a utilizar logos del Poder Legislativo para intentar legitimarse en la calle, debo decir que éste ya se ha deslindado de estos hechos.
No es una apreciación propia. Medios de comunicación han puesto en evidencia a políticos como el diputado Favio Castellanos, que instaló dos farmacias gratuitas en Guadalajara, Jalisco, y de acuerdo con las imágenes muestran anaqueles repletos de medicinas, en contraste con las carencias que padecen las instituciones públicas. Los logos de Morena y las marcas e imágenes del legislador aparecen en recetas, bolsas y cajas.
En el Estado de México, Gerardo Ulloa Pérez, también diputado federal de Morena, ha recurrido a caravanas médicas e incluso, con el logotipo de la Cámara de Diputados para repartir medicamentos, ofrecer consultas y promover su imagen rumbo a las elecciones de 2027.
Mientras, su hermano Carlos Ulloa, quien es el titular de la empresa pública mexicana de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Salud del gobierno federal, Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.) empresa responsable de suministrar medicamentos en todo el país, que además, tiene diversos señalamientos por presunta corrupción en licitaciones públicas, fallas en las compras consolidadas, sobrecostos, pérdidas por caducidad y problemas de planeación. Tampoco omito comentar, que dichas licitaciones han fracasado una y otra vez, por negligencia, ineptitud y como ya lo señalé, la excesiva corrupción que hay detrás.
Otro caso es el de la diputada Anaís Burgos. Y no podemos olvidar quien inauguró esta pésima práctica, y que al final no le redituó en la candidatura que estaba buscando, claro que me refiero a la senadora Andrea Chávez, quien, a través de unidades móviles patrocinadas dicho por ella misma, por empresarios de Tabasco e incluso en diversos medios y señalamientos de la oposición también se señaló el patrocinio por grupos criminales ligados a la Barredora. La senadora utilizó su imagen en estas unidades, llevando consultas y medicamentos por todo el Estado de Chihuahua; deberían tomar su ejemplo, andar lucrando electoralmente con la salud no siempre da el resultado esperado. La salud no puede convertirse en mercancía electoral.
Las cifras exhiben la dimensión del problema. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tan solo en 2025 quedaron sin surtir 7 millones 832 mil 582 recetas. Fueron de pacientes que ante la falta de medicamentos debieron buscar alternativas y destinar dinero de su bolsillo, en muchos casos, vieron interrumpidos sus tratamientos.
Las y los diputados de Acción Nacional instamos a que, la Secretaría de Salud, la Secretaría Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el mismo Instituto Nacional Electoral deben investigar el origen de los medicamentos, los recursos utilizados, los contratos con proveedores y el posible financiamiento irregular de actividades de promoción política y actuar en consecuencia.
Carmen Rocío González Alonso es miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y diputada federal plurinominal por Chihuahua (1.ª circunscripción) para la LXVI Legislatura









