En México debemos comenzar a hacernos una pregunta incómoda: ¿el crimen organizado solamente disputa territorios y mercados ilícitos, o también está intentando disputar el poder político? La evidencia obliga, cuando menos, a tomarnos muy en serio la segunda posibilidad.
Durante el proceso electoral 2023-2024, la violencia política alcanzó niveles extraordinarios. Integralia documentó 889 víctimas y el asesinato de 39 aspirantes o candidatos. México Evalúa y Data Cívica han advertido, además, que la violencia político-criminal se ha extendido por buena parte del territorio nacional y afecta principalmente al ámbito municipal.
No estamos hablando solamente de homicidios. Se han documentado amenazas, atentados, secuestros y otras formas de presión contra actores políticos. Integralia ha identificado también mecanismos mediante los cuales las organizaciones criminales buscan intervenir en procesos electorales: financiamiento ilegal, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto y alteraciones alrededor de las casillas. Es ahí donde debemos discutir la responsabilidad de Morena.
Resulta irresponsable ignorar que Morena gobierna México desde 2018, controla actualmente buena parte del poder político nacional y, por ello, tiene una responsabilidad especial frente al crecimiento de este fenómeno.
El problema puede ser mucho más profundo que encontrar algún político relacionado con algún delincuente. Lo verdaderamente grave sería permitir que se consolide un ecosistema electoral funcional al crimen organizado.
Un ecosistema donde el miedo reduzca la competencia; donde candidatos abandonen campañas por amenazas; donde autoridades municipales sean presionadas; donde el dinero ilícito encuentre espacios para influir y donde organizaciones criminales pretendan decidir quién puede gobernar determinados territorios.
Eso ya no sería solamente inseguridad, sería una afectación directa a nuestra soberanía democrática.
México Evalúa señala que todos los grandes partidos han tenido víctimas de ataques vinculados presuntamente con organizaciones criminales. Precisamente por eso, Morena no puede responder simplemente señalando al pasado. Quien gobierna tiene la responsabilidad del presente.
México necesita blindar las elecciones: investigar el financiamiento de campañas, fortalecer la inteligencia financiera, proteger candidatos, recuperar policías locales, compartir información entre autoridades electorales y de seguridad y castigar cualquier vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales, sin importar partido ni cargo.
Porque existe una línea que México nunca debe permitir que desaparezca: la que separa el poder obtenido mediante los votos del poder conquistado mediante las armas.
Rumbo a los siguientes procesos electorales, esa debe ser una causa nacional. Que las candidaturas las decidan los ciudadanos y los partidos. Que los gobiernos los decidan las urnas. Y que el crimen organizado entienda que en la democracia mexicana no tiene candidatura, no tiene partido y, sobre todo, no tiene voto.
ALEX DOMÍNGUEZ
