EN MEDIO del desgarre de vestiduras que se traen unos y otros por el caso Chihuahua y los presuntos agentes de la CIA, lo que más sorprende no es el conflicto… sino el nivel de declaraciones.

En la carrera por opinar, la ignorancia va ganando.

Ayer se escuchó a varios asegurar que la soberanía de México fue vulnerada, que Chihuahua prácticamente entregó control a agencias estadounidenses como la DEA, e incluso que la famosa Torre Centinela en Ciudad Juárez es una especie de cuartel extranjero.

Pero vale la pena poner las cosas en contexto.

El tema del piso 18 de la Torre Centinela, donde se contempla la participación de agencias de seguridad de Estados Unidos en coordinación con corporaciones mexicanas, no es algo improvisado ni clandestino. Está enmarcado en esquemas formales de colaboración binacional, como el llamado “Protocolo Binacional de Violencia Fronteriza” y programas específicos de intercambio de información.

Entre ellos destaca la iniciativa “Se Busca Información”, impulsada por la U.S. Border Patrol / Customs and Border Protection en coordinación con autoridades mexicanas, cuyo objetivo es identificar objetivos criminales vinculados con redes transnacionales de tráfico de personas y drogas.

Esta información no es nueva ni oculta: ha sido reconocida tanto por autoridades estatales como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Ahora bien, el punto jurídico clave está en la Ley de Seguridad Nacional.

Los artículos 69, 70 y 71 establecen con claridad que agentes extranjeros pueden ingresar temporalmente a territorio mexicano bajo autorización, exclusivamente para fines de intercambio de información y dentro de convenios de cooperación bilateral. Además, dichas interacciones están sujetas a reglas específicas.

Es decir, la colaboración existe, es legal… y está regulada.

Por eso, utilizar este tema para afirmar que “se vende la patria” resulta, cuando menos, una exageración política.

Otra cosa muy distinta es el caso concreto de los agentes fallecidos en la sierra.

Ahí sí: si la Fiscalía General de la República determina que su presencia o actuación fue irregular o fuera del marco legal, entonces habrá responsabilidades que deslindar. Pero eso aún está en investigación.

EN PARALELO, el caso de Sinaloa escala.

Las acusaciones desde Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, por presuntos vínculos con delincuencia organizada y narcotráfico, no son un asunto menor.

De acuerdo con el análisis del doctor en Derecho Francisco Sánchez, no se trata de señalamientos improvisados ni “al chilazo”. Es un expediente que lleva meses construyéndose, que habría pasado por un gran jurado en Nueva York y que incluiría pruebas y testimonios.

Es decir, un caso con estructura.

Sin embargo, la respuesta oficial en México ha sido tajante: no hay pruebas. Y bajo esa lógica, se califica como un tema político y se rechaza cualquier tipo de injerencia de Estados Unidos.

Una postura que, por cierto, contrasta con los mismos mecanismos de cooperación bilateral que el propio Gobierno Federal ha defendido en otros momentos.