¡Ahí va otro guamazo político! Ahora fue una publicación de Los Angeles Times la que volvió a sacudir el tablero nacional. Según el medio estadounidense, desde 2025 el gobierno de Estados Unidos habría revocado los visados de dos gobernadores mexicanos en funciones: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, ambos emanados de Morena.
Como era de esperarse, la respuesta inmediata ha sido la misma de siempre: negar los señalamientos, exigir pruebas y descalificar la información. Sin embargo, el tema sigue creciendo porque desde hace tiempo circulaban versiones sobre que ambos mandatarios se encontraban bajo observación de autoridades estadounidenses.
Lo que falta para completar el golpe político es una confirmación oficial por parte de la administración de Donald Trump. Si eso ocurre, el escándalo podría escalar a dimensiones nacionales.
También circulan versiones que señalan que, pese a las restricciones migratorias, algunos funcionarios mexicanos continúan ingresando a territorio estadounidense mediante mecanismos especiales o autorizaciones específicas. Son versiones que forman parte de la conversación política actual, aunque hasta ahora no han sido confirmadas oficialmente.
Lo cierto es que el tema vuelve a colocar sobre la mesa la creciente presión que Estados Unidos mantiene sobre figuras políticas mexicanas señaladas por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Si se confirma la información, estaríamos frente a una nueva etapa del escándalo de los llamados «narcopolíticos», una versión 2.0 que podría alcanzar a más figuras públicas en los próximos meses.
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Y hablando de protección política, pocos espacios resultan tan cómodos como el Senado de la República.
Ahí sigue el senador sinaloense Enrique Inzunza, quien acumula semanas alejado de la actividad legislativa sin que exista mayor presión pública o política para explicar sus ausencias.
Sus críticos señalan que mientras continúan los cuestionamientos y señalamientos surgidos desde Estados Unidos, el legislador mantiene un bajo perfil público, apareciendo principalmente en actividades realizadas en Sinaloa.
Incluso recientemente trascendió su encuentro con el senador Javier Corral en aquella entidad, reunión que generó diversas interpretaciones dentro de los círculos políticos.
Mientras tanto, Inzunza rechaza categóricamente cualquier acusación en su contra y sostiene que los señalamientos forman parte de una campaña política.
Sin embargo, el debate continúa abierto y la presión mediática no disminuye. Porque en política, como suele ocurrir, los tiempos judiciales y los tiempos de la opinión pública rara vez avanzan al mismo ritmo.
Y si algo ha demostrado esta nueva etapa de la relación entre México y Estados Unidos, es que los expedientes políticos que parecían archivados pueden volver a abrirse en cualquier momento.
En la Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.









