La violencia que sacude a Guadalupe y Calvo no es nueva, pero en las últimas semanas ha alcanzado niveles alarmantes que exigen más que preocupación: requieren acción inmediata.

El repunte de hechos violentos en este municipio serrano, históricamente golpeado por el crimen organizado, pone de relieve una crisis de seguridad que rebasa los discursos y las promesas institucionales. Las comunidades viven bajo un clima de miedo, con bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y la constante amenaza del desplazamiento forzado.

Ante este panorama, el llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en voz de su presidente, Leopoldo Mares, resulta no solo oportuno, sino necesario. El sector empresarial ha levantado la voz exigiendo mayor presencia del Estado y una estrategia real, articulada y efectiva de seguridad.

La exigencia del CCE no es solo por solidaridad con las comunidades afectadas, sino porque entiende que la inseguridad en la sierra no es un problema aislado. Tarde o temprano, los efectos de este abandono se sienten en las ciudades: en la economía, en la inversión, en la confianza social.

Chihuahua no puede normalizar la violencia. No puede aceptar que existan zonas donde la ley no llega, donde el crimen impone sus propias reglas y donde la población se ve orillada al silencio. Las instituciones de seguridad y justicia deben replantear su papel en la sierra, trabajando de la mano con comunidades, autoridades locales y sociedad civil. No se trata solo de enviar más patrullas, sino de construir presencia institucional permanente, fortalecer el tejido social y garantizar condiciones de vida digna para los habitantes.

El mensaje de Polo Mares también interpela a los tres niveles de gobierno. No basta con deslindes ni con repartir culpas. La seguridad es una obligación compartida, y cuando falla, lo hace en cadena.

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de proteger la vida, el patrimonio y la libertad de sus ciudadanos, sin importar lo remoto o complicado del territorio.

Guadalupe y Calvo es hoy el epicentro de una crisis que urge enfrentar con decisión y valentía. No hacerlo sería condenar a una parte del estado a la ley del más fuerte, y renunciar —de facto— al control territorial. Chihuahua necesita paz, pero no una paz aparente: necesita justicia, presencia y gobernabilidad real.

Alfredo Martinez Sosa