En el debate nacional ha vuelto a surgir la propuesta de eliminar el fuero a diputados, senadores y gobernadores. Una iniciativa que, aunque popular en el discurso, merece un análisis serio y responsable.

El fuero no es un privilegio personal, es una figura creada para proteger la función pública y evitar abusos del poder. Su origen responde a una realidad histórica: impedir que el régimen en turno utilice las instituciones para perseguir políticamente a quienes piensan distinto.

Es cierto, ha habido excesos.  Algunos han utilizado el fuero como sinónimo de impunidad, y eso ha generado un profundo malestar social. Pero eliminarlo por completo no soluciona el problema; por el contrario, abre la puerta a escenarios ya conocidos.

Sin fuero, cualquier legislador o gobernador que resulte incómodo podría enfrentar denuncias o procesos judiciales en momentos estratégicos. No sería la primera vez que la justicia se use como herramienta de presión política. Y eso, en un país con instituciones frágiles, es un riesgo real.

Hoy, cuando el poder tiende a concentrarse y los contrapesos se debilitan, quitar el fuero podría traducirse en un Congreso más vulnerable y menos independiente.

La discusión no debe centrarse en desaparecer el fuero, sino en reformarlo, acotarlo y garantizar que no proteja delitos graves. Corregir los abusos sin debilitar la democracia.

Porque la historia es clara: cuando se eliminan los contrapesos, el costo siempre lo paga la ciudadanía. Y esa es una lección que no conviene olvidar.