¡¡EL BATMAN DE IZTAPALAPA!! Así le podríamos decir a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dio a conocer la captura del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel “N”, y de otro sujeto identificado como Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ambos con órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con actividades de extorsión a comerciantes y protección a grupos delictivos en la región. Quieran que no, Harfuch ha impreso una estrategia distinta en el combate a estos grupos y poco a poco se han comenzado a conocer resultados contra personajes que durante años operaron con relativa libertad.

La pregunta es hasta dónde alcanzará esta estrategia y, sobre todo, si logrará llegar a uno de los problemas que más daño hacen: la posible complicidad de funcionarios y autoridades con grupos criminales.

Y A PROPÓSITO DEL TEMA… La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense calificara a México como epicentro del narcotráfico.

“Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de droga ilícita, pero no lo voy a decir”, respondió la presidenta. Y mire usted, el asunto tiene dos caras.

Estados Unidos enfrenta desde hace décadas un enorme problema de consumo de drogas; primero fueron unas sustancias, después la cocaína y hoy las drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.

Pero también es cierto que México enfrenta una crisis de seguridad que no apareció de la noche a la mañana y que involucra a organizaciones criminales con capacidad para controlar territorios, extorsionar, amenazar autoridades y penetrar instituciones. No se trata solamente de quién tiene la razón entre México y Estados Unidos.

Ambos países tienen responsabilidades distintas en un problema que también es compartido. Allá está buena parte del mercado consumidor y acá se producen, trafican y disputan territorios las organizaciones criminales.

El problema es que en México la violencia sí termina llegando directamente a comunidades, municipios y familias. Por eso, si realmente se quiere avanzar, no basta con detener a los operadores del crimen: también habrá que investigar y castigar, cuando existan pruebas, a quienes desde la política o las instituciones les hayan permitido operar. Porque el otro sector del problema, el de los funcionarios involucrados o coludidos, también tiene que ser tocado. Ahí está quizá una de las partes más complicadas de esta historia.