EN EL proyecto de reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los puntos que más ruido ha generado es la intención de establecer límites más estrictos a las remuneraciones de diputadas y diputados locales, así como ajustar el número de regidurías en los ayuntamientos.

La propuesta buscaría reforzar el principio constitucional de que ningún servidor público gane más que la persona titular del Ejecutivo federal. Actualmente, el salario presidencial ronda los 135 mil pesos mensuales, y en algunos estados legisladores locales perciben ingresos superiores, lo que ha sido motivo de críticas recurrentes.

De concretarse, la reforma impactaría directamente en los congresos estatales de cara al proceso electoral de 2027. Para muchos aspirantes, el atractivo económico del cargo disminuiría, mientras que para el discurso oficial se trataría de un acto de congruencia y austeridad.

En cuanto a los ayuntamientos, el planteamiento incluiría revisar la integración de cabildos para evitar sobrerrepresentación en municipios con baja población. Hay casos donde localidades pequeñas cuentan con 15 o más regidores, una cifra que resulta desproporcionada si se compara con ciudades de mayor tamaño. La intención sería homologar criterios poblacionales y racionalizar el gasto público.

POR OTRA PARTE, tras expresiones en redes sociales atribuidas al funcionario municipal Luis “El Tomatito” Terrazas Fraga contra la senadora Andrea Chávez, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, instruyó al Órgano Interno de Control a iniciar una investigación.

De acuerdo con lo señalado por el edil, no se tolerarán conductas que vulneren el respeto hacia las mujeres, especialmente cuando provienen de personas que ejercen una función pública. El procedimiento determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes.

El episodio reabre el debate sobre los límites entre la opinión personal en redes sociales y la responsabilidad institucional. Aunque las expresiones se emitan desde cuentas particulares, cuando se ostenta un cargo público, la conducta puede tener implicaciones administrativas y políticas.

En tiempos de alta polarización, el debate público es inevitable; sin embargo, el respeto a la integridad personal debe mantenerse como una línea que no se cruce.