La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León.
Lo anterior, por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos desde la administración local a empresas, a un despacho jurídico y a una firma relacionada con el gobernador Samuel García y su padre.
En su informe de la cuenta pública 2025, y como parte de la revisión al gasto de la entidad en ese año, la ASF incluyó el organigrama del desvío de recursos desde el presupuesto estatal, y que le habrían permitido al gobernador comprar una propiedad de mil millones de pesos.
En el documento entregado a los diputados, la ASF detalla que de la administración estatal de Nuevo León se hicieron cuatro transferencias de fondos, de los cuales 928.13 millones fueron triangulados al despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando.
