Las empresas que insistan en ofrecer tarjetas de crédito, seguros, préstamos y otros servicios mediante llamadas telefónicas no autorizadas podrían enfrentar multas de hasta 2 millones 345 mil pesos.

Esto gracias a que en el Senado de la República se aprobara por unanimidad una reforma para combatir el acoso telefónico comercial en México.

La modificación al artículo 18 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor busca poner un alto a las llamadas insistentes que diariamente reciben millones de mexicanos por parte de bancos, aseguradoras, financieras y empresas dedicadas a la venta de productos y servicios.

Con esta reforma, las compañías que realicen comunicaciones comerciales o publicitarias de manera reiterada y sin autorización de los consumidores podrían recibir sanciones económicas que van desde los 56 mil 570 hasta los 2 millones 345 mil 728 pesos.

La prohibición también contempla los mensajes enviados mediante aplicaciones como WhatsApp y otras plataformas digitales utilizadas para promocionar productos o servicios sin el consentimiento de los usuarios.

La reforma todavía no entra en vigor, debido a que la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. En caso de recibir el respaldo de los diputados sin modificaciones, será remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y entraría en vigor al día siguiente.