La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reconoció haber sostenido conversaciones privadas con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades de Estados Unidos, en un intento por atender la cancelación de su visa y la posibilidad de enfrentar acciones legales en ese país.
A través de una carta pública, la mandataria estatal confirmó la existencia de esos acercamientos y señaló que quienes participaron en la conversación no acreditaron oficialmente representar al Gobierno estadounidense, aunque plantearon distintos escenarios legales relacionados con su situación migratoria.
La admisión se produjo luego de que se difundiera un audio en el que Marina del Pilar manifiesta su disposición para colaborar con información en materia de seguridad.
En otro fragmento del audio, la Gobernadora de Baja California expresa su preocupación por la posibilidad de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros pudiera iniciar un procedimiento en su contra por presunto lavado de dinero y menciona el riesgo de una eventual orden de extradición.
Tras la difusión del material, la gobernadora no negó la autenticidad de sus declaraciones, pero sostuvo que las referencias a una posible cooperación se enmarcan en la coordinación institucional que mantiene Baja California con autoridades de México y Estados Unidos.











