La consejera jurídica del Gobierno de la Republica, Luis María Alcalde, salió a explicar el alcance de la recién aprobada reforma constitucional en materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera. 

La funcionaria federal subrayó que la definición precisa de criterios, estándares de prueba y reglas de aplicación corresponderá a las leyes secundarias, cuya discusión deberá concluirse en un plazo no mayor a 90 días.

Alcalde precisó que el artículo 40 de la Constitución ya prohibía desde antes la participación de actores externos en los procesos electorales mexicanos; la novedad de esta reforma, dijo, radica en la consecuencia jurídica: esa injerencia puede derivar ahora en la anulación de la elección.

Sobre quién tomaría esa determinación, la funcionaria fue explícita: serán las autoridades electorales y los tribunales electorales los facultados para resolver en cada caso y descartó que la reforma abra la puerta a interpretaciones arbitrarias o discrecionales, como algunos críticos han señalado.

Frente a las críticas que advierten causales ambiguas en el texto aprobado, Luisa Maria Alcalde respondió que la reforma únicamente establece el principio general en la Constitución, y que será en la etapa de legislación secundaria donde se desarrollarán con precisión los criterios y estándares necesarios para su aplicación.