Autoridades estatales, junto con representantes de organismos internacionales, encabezaron este viernes una mesa de análisis sobre el desplazamiento forzado en Chihuahua, donde se planteó la necesidad de diseñar una política pública integral y una ley estatal que permita destinar recursos permanentes para atender a las familias afectadas.
Durante el encuentro, representantes de la sociedad civil exigieron una respuesta coordinada con el Gobierno Federal, así como el uso continuo de las mesas de seguridad para avanzar en la pacificación de las zonas afectadas por la violencia.
Por otra parte, las autoridades estatales reconocieron que al inicio de la administración el término de desplazamiento forzado ni siquiera existía en el marco jurídico, y destacaron que han construido un protocolo de atención y una caracterización del fenómeno en colaboración con el ACNUR.
Aunque señalaron que no existe un presupuesto etiquetado, indicaron que desde 2023 las personas desplazadas son consideradas población vulnerable y reciben atención preferencial, y reiteraron el llamado a la Federación para instalar una mesa de coordinación que atienda las causas estructurales del problema.
