La fiscal especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Georgina Bujanda Ríos, señaló que su área actualmente opera con las partidas presupuestales ya autorizadas para hacer frente al fenómenos del desplazamiento.
Esto se dio a conocer luego de que, durante un encuentro con representantes de organismos internacionales celebrado el día de ayer, se pusiera en evidencia la carencia de fondos exclusivos para atender este fenómeno.
En entrevista, Bujanda Ríos resaltó la necesidad de que el desplazamiento forzado sea contemplado como un delito que requiera una asignación económica propia dentro del paquete presupuestal del próximo año, el cual deberá ser aprobado por el Poder Legislativo.
En este mismo sentido, consideró que la recomendación hecha por los organismos internacionales es acertada, y enfatizó que es responsabilidad de los legisladores, tanto a nivel federal como local, aprobar las medidas necesarias para asignarle un presupuesto.
