Una nueva polémica política sacude a México luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la acusación, el mandatario habría sostenido reuniones en 2021 con líderes del Cártel de Sinaloa, quienes presuntamente le ofrecieron apoyo para ganar la elección a cambio de protección política y control de instituciones de seguridad.

El documento señala que incluso se habrían facilitado listas de adversarios políticos para ser intimidados durante el proceso electoral, en una jornada marcada por secuestros, amenazas y robo de urnas, hechos que ya habían sido documentados por medios locales en su momento.

La acusación estadounidense incluye a otros funcionarios, entre ellos mandos de seguridad, alcaldes y legisladores, a quienes se les atribuye haber protegido operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, a cambio de recursos provenientes del narcotráfico.

Además, se sostiene que desde el inicio de su gobierno, Rocha Moya habría sido un “colaborador necesario” para facilitar las operaciones del grupo criminal.

El caso también se vincula con episodios recientes como el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, así como la ola de violencia interna dentro del Cártel de Sinaloa que ha dejado homicidios, desapariciones y enfrentamientos en la entidad.

El proceso apenas inicia y podría tener implicaciones políticas y judiciales de gran alcance, tanto en México como en Estados Unidos, en un escenario donde la seguridad y la relación bilateral vuelven a colocarse en el centro del debate.